Se conmemora un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y la convocatoria que proclama abolir las peores formas de opresión, violencia machista y explotación específica de las mujeres es, nuevamente, la menos numerosa. Allí estaremos porque esta es una de las fechas que no entregamos. Pero nos interesa entender cómo pasamos de formar parte de una masiva marea verde peleando por una reivindicación histórica para las mujeres (IVE), a ser una ínfima porción dentro del movimiento feminista en Argentina.
Las palabras, los hechos, la estrategia
Milei recurre a la «batalla cultural» porque sabe que el progresismo reemplaza la discusión de los hechos por el conflicto entre «narrativas». Recordemos algunos hitos reciente de ese ejercicio retórico en relación a las reivindicaciones feministas.
Alberto Fernández declaró haberle puesto fin al patriarcado mientras cagaba a palos a Fabiola; Ayelén Mazzina dirigía el MMGyD mientras desoía el pedido de auxilio de una mujer bajo violencia machista y ya contaba con el antecedente de organizar el 35º Encuentro Plurinacional de MLTTIBNB, borrándonos a las Mujeres como sujeto político y financiando el mismo con dinero del gobierno peronista de San Luis (algo que nunca se permitió en los ENM); el peronismo se atribuyó para sí el logro de la aprobación de la IVE (cuando fue el propio kirchnerismo el que cajoneó durante más de una década los distintos proyectos de Ley que fue presentando la Campaña Nacional por el Aborto) y, además, presentó otro proyecto, edulcorado con la objeción de conciencia, que fue el que se aprobó.
El peronismo se propone como vanguardia del movimiento feminista en Argentina mientras gobierna un Estado proxeneta en todos sus niveles (nacional, provincial, municipal) y defiende las instituciones sociales de subordinación y desigualdad para las mujeres: el sistema prostituyente y la explotación reproductiva. Construye una épica sobre la montaña de cadáveres de las que abortaron clandestinamente durante las décadas en que gobernó el partido del Día del Niño por Nacer. Exhibe el pañuelo verde mientras presenta proyectos de ley en el Congreso para «regular» el mercado de mujeres pobres como incubadoras humanas. Reivindica la prostitución como trabajo. Pronuncia discursos durante fechas emblemáticas del feminismo mientras promueve «infancias travesti trans», el porno y la hipersexualización de las niñas. Se erige como principal opositor a la «misoginia mileísta» mientras ejecuta medidas para el borrado de las mujeres, encumbra a los Manzur y Capitanich, protege a los Alperovich y Espinoza. El peronismo no sólo es el principal enemigo de la clase obrera en Argentina: es también el principal enemigo de las mujeres.
Entonces llegó Milei, que de boludo no tiene un pelo a la hora de hacer política y construir poder, aprovechó el cambalache progresista (que mezcla en un mismo lodo al feminismo, la agenda LGB y el delirio queer) y polarizó contra la «discriminación positiva de las minorías», metiendo a las mujeres en la misma bolsa. Así anunció la eliminación del agravante por femicidio y la derogación de la ley IVE.
Sin embargo, entre la hojarasca discursiva de la batalla cultural, el gobierno de Milei aprobó medidas que convergen con los intereses de las mujeres al poner un freno a las políticas misóginas que llevaron a cabo los gobiernos peronistas: cuestiona el posicionamiento oscurantista, anticientífico, de la ley de Identidad de Género, y restituye el derecho basado en el sexo de las mujeres en las cárceles, a la vez que protege a los niños y adolescentes de los bloqueadores de la pubertad, la amputación de órganos sanos y la hormonización cruzada promovidas por la agenda queer.
Desorientado por la derrota electoral y el apoyo todavía mayoritario al gobierno de Milei, el peronismo ensaya su relanzamiento como opción de recambio. No puede hablar de economía (pues nos cagó de hambre a base de inflación y devaluaciones), por eso alentó una marcha «antifascista» con las siglas del arcoíris LGBTIQNB+ para sumar a Kicillof en las calles y, con la ayuda del FITU, reemplazar 300 años de teoría, formación y lucha feminista por la agenda «woke» de una minoría. Así, el partido de la Triple A acusa a Milei de fascista, marcha con Georgina Orellano a la cabeza para denunciar misoginia en el gobierno de Milei, llama «cis» a las mujeres mientras el peronista Flor de la V afirma que «es más mujer» que nosotras porque «decide serlo»…
Hay momentos en la historia en los que no queda más que ser un puñado de mujeres y tenemos que volver a armarnos con paciencia, constancia y compromiso. Darnos espacios de formación, discusión, organización. Dotarnos de herramientas que nos permitan comprender la situación que nos toca y, a partir de esa comprensión, conversar con las compañeras que, con honestidad y buenas intenciones, se quedan en el péndulo burgués que nos devuelve a la subordinación.
Hay momentos, como este 8 de marzo, en los que sabemos que somos pocas en la esquina. Y hay que decirlo: somos pocas. La estrategia es la conjunción de las tareas y las fuerzas: las tareas que corresponden a la agenda feminista y las fuerzas reales de quienes nos proponemos realizarlas. Las fuerzas disponibles determinan las tareas, no nuestras ganas ni mucho menos el deber ser. Por eso asumimos la finitud, el conjunto de ideas que elaboramos y la avidez por coincidir (ya que no nos creemos especiales, debe haber otras que piensen cosas parecidas) con otro puñado de compañeras.
La media verdad del mileísmo
Tras 14 meses de gobierno, nadie podrá acusar de inacción a LLA. Entre sus actos hubo muchas amenazas y algunas medidas efectivas. Veamos cuáles medidas o declaraciones del gobierno están alineadas con nuestra agenda feminista (aunque se sustenten en razones contrarias a las nuestras) y cuáles nos perjudican específicamente a las mujeres, ya sean medidas efectivas o discursos amenazantes.
Milei contrapone el feminismo a la igualdad gracias a la trampa tendida por el feminismo hegemónico en Argentina, compuesto por las organizaciones «feministas» del peronismo y del FITU. Estas organizaciones defienden una agenda cuyo sujeto político son «las disidencias»: minorías que van desde «les racializades» hasta los «pueblos originarios», pasando por «viejis» y otras categorías dignas de la enciclopedia china de Borges.
Ejemplo ilustrativo de esta absurda ensalada categorial fue la movilización del 1F, en cuya cabecera se ubicó al «colectivo trans-travesti-no-binario», en el «bloque 1» a «organizaciones y colectivas lgbtiqnb+» y a «la comunidad lgbtiqnb+» para que, después, se le diera lugar a las organizaciones feministas (se puede ver el orden completo acá). Para colmo, las agrupaciones feministas del PTS y el MST convocaron a la movilización, en las redes, a través de voceros varones. Esto exhibe una de las incontables debilidades del trotskismo: al priorizar la cantidad por sobre la coherencia, convierte la táctica en estrategia y el programa político se disuelve en las iniciativas por la «unidad del campo popular» (una unidad que es contraria, antagónica, a la unidad de la clase trabajadora).
De esta manera el feminismo, que históricamente ha perseguido la igualdad real entre las dos mitades biológicas de la población humana, fue sustituido por una agenda que reclama hormonas y cupo laboral para minorías, a la vez que defiende una legislación negacionista de la existencia de las mujeres («mujer es quien dice serlo»). Desde ya que este «feminismo hegemónico» no tiene nada de universal e igualitarista, en eso acordamos con Milei. Pero a la vez consideramos que eso no tiene nada de feminismo y acá Milei no acuerda con nosotras.
¿En qué quedamos? ¿Se hormoniza o no a menores de edad?
En su artículo 11, la Ley de Identidad de Género habilitaba a los menores de edad a someterse a tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas de «reasignación de sexo» o «adecuación del cuerpo a la identidad sentida». Mediante el Decreto 62/2025, el gobierno de Milei prohibió ese tipo de tratamientos e intervenciones para las personas menores de 18 años.
La reacción del progresismo fue una caravana interminable de médicos, funcionarios o ex funcionarios, «trans-travestis», representantes de organizaciones trans, profesionales de la salud, intelectuales, etc., que en diversos medios sostuvieron (a) que dicha prohibición ya existía, (b) que en Argentina no se hormonizaba ni se operaba a menores y (c) que, en los casos de los mayores de edad, no existían efectos adversos por el uso de fármacos para cambiar la apariencia corporal. Las tres afirmaciones son falsas. Veamos algunos testimonios.
Juan Carlos Escobar, especialista en salud adolescente, dijo en «Sólo una vuelta más» (Todo Noticias):
Lo que plantea el decreto es que se prohíben los tratamientos a niños y adolescentes, algo que ya está explicitado en la ley. La ley, en el artículo 11, explicita que el tratamiento hormonal y el tratamiento quirúrgico, parcial o total, se debe realizar en personas mayores de edad y explicita que en los casos de menores de edad debe hacerse con el acompañamiento y asentimiento de padre, madre, tutor o algún encargado, con consonancia con la convención de los derechos del niño…
O bien estaba prohibido hormonizar y mutilar menores, o bien estaba contemplada la posibilidad de hacerlo. La contradicción es evidente. Y es que los mismos que salieron en los medios para cuestionar el decreto de Milei le terminaban dando la razón. Bastó con dejarlos hablar.
En diálogo con María O’Donnell, el cirujano Javier Belinky declaró haber realizado 1300 cirugías de «afirmación de género», de las cuales 16 correspondieron a pacientes menores de 18 años. O sea que no sólo «se contemplaba la posibilidad»: se realizaron efectivamente mutilaciones en menores. El cirujano corroboró, además, una tendencia que venimos denunciando: «lo que más creció en los últimos 10 años es el trabajo con adolescentes».
Por su parte, el psiquiatra y especialista en sexología Adrián Helién, coordinador del grupo interdisciplinario de atención para «personas trans» en el Hospital Durand, cayó en las mismas contradicciones en esta nota de Página/12, sin fatiga por reiterarlas:
Para desmitificar las mentiras que en algún momento se dieron desde ciertos lugares de poder respecto a que a las infancias se las operaba y se les cambiaba los genitales, o se las devolvía con tratamientos hormonales, en la infancia no hay ningún tratamiento médico, ni hormonal, ni quirúrgico, no me canso de repetirlo.
El equipo coordinado por Helién reivindica el enfoque afirmativo, que promueve la «transición social» (cambio de nombre, de aspecto, de pronombres, de registro en el DNI), primer escalón hacia las hormonas y cirugías:
Con la niñez lo que hacemos es, primero, alojarle dentro del sistema de salud, porque, en general, las familias vienen en una primera consulta para saber qué está pasando con este niño, niña, niñe. Seguidamente, escuchar, acompañar los procesos de transición al verdadero género, que es el género sentido.
Esto tiene que ver con cambiar el nombre, con cambiar la expresión genérica, cómo se viste. A veces deciden hacer intervención para cambiar el documento, con un abogado, en este caso.
E, inmediatamente, lo que hace tres párrafos era «una mentira a desmitificar», ahora es una realidad efectiva:
En la pubertad, cuando es necesario, sí hay intervenciones que frenan el eje hormonal: cuando el cuerpo les cambia en el sentido contrario al género autopercibido se puede hacer esta intervención, que está avalada bajo las normas éticas y científicas de todas las sociedades del mundo que trabajan esta temática.
El discurso de Helién presenta una estructura que los defensores de la Ley de Identidad de Género no se cansaron de repetir: al principio, todo es mentira; al final, todo es verdad. En el medio, ningún periodista repregunta. En cuanto a esas «normas éticas y científicas» que según Helién avalan la hormonización y las cirugías de adecuación delirante del cuerpo al alma, quedaron en tela de juicio desde que se filtraron archivos de la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (WPATH, en inglés). Citamos este informe al respecto, que denuncia:
Los archivos proporcionan evidencia clara de que los médicos y terapeutas son conscientes de que están ofreciendo a menores tratamientos que les cambiarán la vida y que no pueden comprender por completo. Los miembros de WPATH saben que los bloqueadores de la pubertad, las hormonas y las cirugías causarán infertilidad y otras complicaciones, incluido el cáncer y la disfunción del suelo pélvico. Sin embargo, consideran la posibilidad de realizar intervenciones médicas que alteren la vida de las pacientes jóvenes, incluida la vaginoplastia para una niño de 14 años y hormonas para una niña de 13 años con retraso en el desarrollo.
Los siniestros «Servicios Amigables»
Estela Díaz, Ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, aseguró en diálogo con María O‘Donnel que «es absolutamente mentira lo que están diciendo, como siempre», en relación a la existencia de decenas de centros de salud para el tratamiento de «infancias trans». La ministra Díaz sostuvo que hay un solo lugar en la provincia donde ese tratamiento puede realizarse: «Para atender infancias tenemos el Hospital de Niños», donde existe un área de «infancias trans».
Sin embargo, el Ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, declaró a Página/12 que existen 29 centros de «acompañamiento de niñeces y adolescencias», de los 142 establecimientos públicos que existen en la provincia.
Uno de los dos ministros de Axel Kicillof está mintiendo.
En la misma línea, varios informes de gestión del gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires1 muestran que hubo 780 consultas de niños y adolescentes (a partir de 13 años), de los cuales sólo 49 comenzaron algún tipo de tratamiento. Por su parte, el sitio Chequedo informa que hay al menos 50 menores de 18 años que están recibiendo hormonas bajo el programa Red bonaerense de cuidado y atención de las personas LGBT+. Se trata del 1,2% del total de inscriptos en el programa.
Nos preguntamos a partir de qué porcentaje de inscriptos el progresismo, el peronismo y el trotskismo considerarían que se están realizando «escandalosos experimentos» con menores.
El kiosco de Mansilla y las arrepentidas invisibles
Gabriela Mansilla, transactivista y autora del espeluznante Yo nena, yo princesa, conversó con Diego Iglesias en el programa La inmensa minoría, por Radio Con Vos, y resumió lo que narra en su libro acerca de Luana (su hijo antes llamado Manuel):
Luana lo manifestó apenas empezó a hablar […] Las niñeces se empiezan a nombrar entre los dos, los tres, los cuatro años, es donde se empiezan a diferenciar, se nombran a sí mismas, se identifican con los géneros que están impuestos, con los juguetes, con las vestimentas, con los roles de género y los estereotipos de género propios de nuestra cultura, y a veces coinciden y a veces no coinciden. Bueno, cuando no coincide es donde más tenemos que acompañar.
Según la perversa concepción de Mansilla (la «ideología de género»), un niño en edad preescolar, es decir en edad de creer (con pleno derecho a la fantasía, como todo niño) en Papá Noel, los Reyes Magos, el Ratón Pérez y el Viejo de la Bolsa, es capaz de expresar en palabras una verdad incuestionable acerca de su ser más profundo. Si el nene dice que es nena, entonces hay que adecuar, mediante fármacos y mutilaciones, el cuerpo al alma, la carne al espíritu.
En cuanto al decreto de Milei, a los cinco segundos de manifestar preocupación por la mentira intencionada y la desinformación, Mansilla aseveró: «en Argentina es ilegal y está prohibido y no se operan ni se hacen cirugías, ni se le amputan los genitales, a ningún niño/niña». Echó mano de la socorrida cifra de los «35 años de edad» como expectativa de vida de las «personas trans», un dato cuya falsedad probamos (gracias al excelente libro de Laura Lecuona, Cuando lo trans no es transgresor) en esta nota. También aseguró que «ninguna persona se arrepiente de transicionar», lo cual es otra falsedad: el Pique Resilent Project, los testimonios de activistas como Isabelle Ayala, Keira Bell, Sandra Mercado Rodríguez, Nagore de Arquer, Amelia Guerrero, Mel Supernova y este notable episodio del podcast Radiojaputa demuestran que Mansilla miente y desinforma.
Pero Mansilla no miente por amor al arte o mitomanía. Vive de esto. Fundó la Asociación Civil Infancias Libres. Su obra literaria no termina en Yo nena, yo princesa, editado por UNGS en 2014 y reeditado por la misma universidad nacional en 2019. En 2018 Mansilla publicó Mariposas. El derecho a vivir una infancia trans, también editado por la UNGS. En 2022 Chirimbote publicó Un mundo donde quepan todes: ESI con perspectiva travesti-trans (no se puede entender cierta crítica a la ESI por parte de familias trabajadoras si no se conocen materiales cuestionables como los que publica Chirimbote). Además de esos títulos, el libro Soy. Relatos de infancias y adolescencias trans-travestis (también editado por la UNGS) fue incluido en la colección Identidades Bonaerenses, que llega a 2350 escuelas secundarias, 443 escuelas secundarias técnicas, 195 institutos de formación docente y técnica, 600 bibliotecas municipales y populares, 135 centros de investigación e información educativa y 517 escuelas y centros secundarios de adultos. Un negoción.
Ese decreto no alcanza
Queda claro que SÍ se hormonizaba a menores, que SÍ se han hecho cirugías afirmativas a menores y que SÍ hay decenas de centros especializados en «niñeces y adolescencias trans». Queda claro también que el periodismo progresista no se informa sobre la gravedad de estos problemas, ignora las diferencias irreconciliables entre el feminimo y el transactivismo, desconoce incluso las leyes que pretende defender, mientras las organizaciones trans, sus voceros y los médicos que viven de esto mienten descaradamente para cuidar sus formas de reproducción material (ingresos, viajes, libros, reconocimiento simbólico, etc.).
Como feministas, somos abolicionistas del género. Queremos la eliminación de los estereotipos sexistas que engendran y reproducen la subordinación de las mujeres a los hombres (y limitan, digámoslo todo, a los varones disconformes con el estereotipo de virilidad). Por lo tanto, saludamos este decreto sin dejar de señalar sus limitaciones.
Por empezar, el decreto no se funda ni en los argumentos feministas que exponemos ni en un estudio de datos acerca de la situación real en Argentina: cantidad y tipo de tratamientos realizados en las últimas dos décadas (por lo menos), sexo y edad de las personas que los recibieron, niveles de reducción del sufrimiento tratado, presencia o no de comorbilidades, etc.
En segundo lugar, el decreto en sí tiene un alcance muy limitado. La Agrupación MANADA propone la implementación de medidas adicionales y nos parece de lo más razonable que hemos leído hasta ahora al respecto, según consta en su gacetilla de prensa del 6 de febrero de 2025:
1. En el caso de los mayores de edad, antes de cualquier tratamiento, habría que hacer un exhaustivo estudio psicológico y clínico del paciente, para saber si está en condiciones de tomar tal decisión como un acto de voluntad libre, considerando si la persona tiene problemas de maduración o algún tipo de transtorno (TDAH, TEA, TLP, autismo, anorexia, bulimia, etc.); en ese caso, la intervención debe demorarse. Lo mismo si se constata que tiene alguna patología clínica que podría agravarse.
2. Quien va a recibir el tratamiento debe conocer «todas» las contraindicaciones del mismo y firmar un documento aceptándolas. Asimismo, un médico tiene que hacerse responsable de habérselas explicado en detalle. El consentimiento informado para los tratamientos médicos (invasivos e irreversibles) deben ser supervisado por el Ministerio de Salud.
3. Al ser tratamientos que se encuentran en experimentación, sin estadísticas suficientes ni confiables que indiquen mejoras en la salud integral, no deben estar incluidos en el Programa Médico Obligatorio de ninguna edad. En un país con altos índice de pobreza, la prioridad del Estado debe ser otra.
4. En la actualidad, en los colegios, y en muchos consultorios psicológicos, a los chicos se los llama por el nombre y los pronombres autopercibidos. Eso debe prohibirse inmediatamente. La «afirmación temprana», también llamada transición social, ocasiona muchos problemas, ya que acelera un proceso de transformación para el cual los niños no son maduros. Países pioneros en cuestiones de género como Noruega, Suecia, Finlandia y Reino Unido (sobre todo a partir del informe Cass) están desandando ese camino.
Basta de cárceles queer
Hay otra medida concreta que el Gobierno de Milei adoptó, a través del Decreto 61/2025, y que consideramos alineada con la defensa de los derechos basados en nuestro sexo (escribimos sobre las cárceles queer acá y acá). Este decreto dispone que las personas detenidas serán alojadas en establecimientos penitenciarios según el sexo que figuraba en el DNI antes de cometer el delito. De manera que, en primer lugar, esta medida impide que los presos varones sean trasladados a cárceles de mujeres por un cambio registral posterior al delito cometido.
En segundo lugar, para los casos en los que el «cambio de sexo» fue realizado antes de cometer el delito, sólo podrá alojarse en cárceles de mujeres a aquellos que no estén condenados por delitos de violencia contra las mujeres o por «la comisión de un delito previsto en los Títulos I, III y V del Libro Segundo del Código Penal». Tampoco podrán hacerlo cuando la «evaluación técnica realizada por la autoridad administrativa penitenciaria determine que su alojamiento» en la cárcel implica un riesgo para las demás internas.
Por supuesto que la medida decretada es insuficiente, pues en ningún caso se debería permitir que un hombre fuera recluido en cárceles de mujeres. Pero también es obvio que el decreto reduce la cantidad de casos, al descartar a aquellos que solicitan «cambiar su sexo» con posterioridad al acto por el cual cumplen condena, y excluir a una porción de los que realizaron el cambio antes de cometer el delito.
Algo que nos llamó poderosamente la atención fue la lista de considerandos que fundan la razón de ser de la medida. Transcribimos algunos pero recomendamos la lectura completa aquí:
- «que cada jurisdicción del país deberá tener establecimientos penitenciarios organizados separadamente para hombres y mujeres».
- «que la regla general consistente en la prohibición de que los funcionarios penitenciarios de sexo masculino se desempeñen en los establecimientos destinados a mujeres, tiene por finalidad proteger los derechos fundamentales de las internas y resguardar su integridad física, psíquica y moral de cualquier eventual abuso».
- «que, en los últimos años, se han constatado casos en los que una persona solicitó su reubicación penitenciaria por haber obtenido una rectificación registral de su sexo, cuyo otorgamiento facilitó la comisión de delitos contra las mujeres alojadas en el establecimiento».
- «que resulta irrazonable que el reconocimiento de un derecho, en el marco de la ejecución de una pena privativa de la libertad, pueda ser empleado para poner en peligro la vida, la seguridad y la integridad sexual de las mujeres que cumplen sus condenas en establecimientos penitenciarios».
Los argumentos son rotundos: se preserva el espacio separado de las mujeres contemplando el riesgo que implica la presencia de varones en ellos. Las consideraciones previas a los artículos del decreto se sustentan en la protección específica de las mujeres que cumplen condena en las instituciones penitenciarias.
El discurso de Davos
Como vemos hasta acá, el accionar de este gobierno burgués no está exento de contradicciones entre el plano ideológico y el de las medidas concretas. Por eso es importante no perder el eje de la perspectiva de clase. El objetivo de cualquier gobierno burgués consiste en garantizar el interés superior de la clase que nos explota: acumular capital, valorizar valor. De acuerdo con esto, el peronismo milita el «trabajo sexual», el «porno feminista» y los proyectos de ley para regular la explotación reproductiva porque se trata de la fuerza burguesa que mejor conjuga la mercantilización capitalista con el sistema patriarcal (volveremos sobre esto en el último apartado).
Milei, sus funcionarios y sus intelectuales orgánicos (como Nicolás Márquez y Agustín Laje) niegan los estereotipos sexistas al considerarlos preferencias individuales. Niegan, por supuesto, el patriarcado: «La violencia no tiene género» es uno de sus eslóganes. Se trata de un posicionamiento que comparten corrientes y personajes que se ubican a la izquierda en el espectro político, como la filósofa Roxana Kreimer. No obstante, Milei pronunció en Davos un discurso con estas afirmaciones:
Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión […]
Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil […]
Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de cinco años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia o transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo del que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. […]
El wokismo ha calado tan profundamente en nuestras sociedades, promovido por instituciones como esta, que se ha llegado incluso a cuestionar la idea misma de sexo a través de la nefasta ideología de género.
Esto ha derivado todavía mayor intervención estatal mediante legislación absurda como el que el Estado tiene que financiar hormonas y cirugías millonarias para cumplir con la autopercepción de ciertos individuos. Recién hoy estamos viendo los efectos de toda una generación que mutiló su cuerpo, promovidos por una cultura de la relatividad sexual que tendrá que pasar su vida entera en tratamientos psiquiátricos para afrontar lo que se hicieron, pero nadie dice nada de estas cuestiones. No solo eso, también han sometido a la inmensa mayoría a ser esclavos de las equivocadas autopercepciones de una diminuta mayoría y, además, el wokismo pretende secuestrar a nuestro futuro.
Estas afirmaciones que seleccionamos son mucho más sensatas que la «ideología de género» defendida por el progresismo y la izquierda trotskista. Los casos de Imane Khelif (Argelia) y Lin Yu-ting (Taiwán), dos hombres que obtuvieron medallas de oro golpeando mujeres en un cuadrilátero, el caso de Gabriel Fernández, preso en una cárcel de mujeres, que violó y dejó embarazada a una reclusa; el abuso infantil celebrado en obras como Yo nena, yo princesa; el daño irreversible denunciado, entre tantas fuentes insospechadas de afinidad con corrientes políticas reaccionarias, por la Agrupación AMANDA, por el blog de Nuria Salagre y por el libro de Laura Lecuona Cuando lo trans no es transgresor (Deusto).
Curiosamente, se trata de afirmaciones que no han sido difundidas hasta el hartazgo, como sí lo fue la que liga pedofilia con el caso de los «homosexuales americanos». El progresismo es consciente de sus puntos ciegos con respecto a este tema y por eso evita discutirlos.
«La violencia no tiene género»
En el marco del ajuste, el gobierno de Milei ejecutó la desjerarquización del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad a una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, dentro de la estructura del Ministerio de Capital Humano. En mayo de 2024, esa secretaría fue transferida al Ministerio de Justicia y, finalmente, se anunció su cierre definitivo un mes después. En julio del mismo año, el área de prensa del Ministerio de Justicia le informó al diario Clarín:
No vamos a tener política de género. La violencia no tiene género. Nuestra política está orientada a ayudar y proteger a todas las personas que estén en situación de violencia y riesgo sin importar su sexo2.
La misma nota periodística transcribe parte de una presentación judicial colectiva de asociaciones por los derechos de las mujeres. Presentación en la se afirma que, con la eliminación de la subsecretaría, Argentina pasaría a ser el único país en Latinoamérica sin institución a cargo de las políticas de equidad de género. Para pensar acerca de la disolución de ese ministerio y sus implicancias nos resultó fructífero este trabajo de Floreli, compañera feminista, que desglosa el presupuesto que manejaba el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.
El programa que recibía la mayor cantidad de fondos era el «PROGRAMA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO (PPG): «Se incluyen las acciones desarrolladas en el marco del Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género 2022-2024, con el objetivo de prevenir, erradicar y reparar las violencias por razones de género». Y dentro de este, el Programa específico al que más se destinaba el dinero era el Plan Acompañar. En el informe citado, Floreli observa que, si bien se anunciaba que parte de los objetivos eran la prevención y erradicación de las «violencias por razones de género», el presupuesto ejecutado y las políticas llevadas adelante no tuvieron ese destino:
En términos de efectividad, el programa debería servir a los fines de una reparación una vez que el daño ya está hecho. Sin embargo, la ayuda que se otorga sirve de poco y nada. Se ofrece un ingreso que no cubre siquiera los costos de la canasta básica y además no alcanza a las mujeres que tienen empleos en relación de dependencia o jubiladas, como si estas estuvieran exentas de violencia machista y no tuvieran hijos o personas a su cargo. En ningún caso se considera que las mujeres suelen ser el sostén del hogar a nivel económico, organizativo y de cuidados. Según datos de la EPH, para el cuarto trimestre de 2022 los ingresos medios para los varones fueron de $104.804 y los de las mujeres $81.213; es decir una brecha de 22,5%.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de las mujeres que acceden al programa se encuentran en condiciones de precariedad laboral y cuentan con hijos a cargo, el programa parece deficitario para el cumplimiento de sus objetivos, entre ellos que estas mujeres logren autonomía económica y puedan salir de la situación de violencia. Evidentemente, la problemática no se encuentra bien abordada y los objetivos del programa son demasiado ambiciosos teniendo en cuenta los montos y extensión de la prestación.
El hecho de que el ministerio destine el 84% de su presupuesto a un programa «reparador» que no tiene ninguna efectividad y que no focaliza en el problema genera que nos preguntemos ¿qué fondos quedan entonces para la prevención y erradicación?
Pareciera que la prevención, el acceso a la educación y asistencia a las mujeres víctimas no está en debate, ni hablar de la erradicación para la cual directamente no se presenta ninguna acción concreta. Las mujeres exigimos y reivindicamos la necesidad del separatismo, para focalizar políticas públicas, para armar bases de datos estadísticos y para poder distinguir mejor nuestras problemáticas y necesidades. El Ministerio de Mujeres debe ser de y para las mujeres».
Dentro de esta reducción presupuestaria, se despidió a gran parte de las trabajadoras que atendían la línea 144 para contención, asesoramiento e información a mujeres en situaciones de violencia por razones de género. Si bien la línea sigue vigente, los despidos dejaron como saldo turnos con solo dos trabajadoras para atender todos los llamados, según informa Contra Editorial. (Cabe señalar que estos despidos se realizaron mediante el simple trámite de no renovar contratos precarios: la motosierra de Milei fue afilada por el peronismo).
Nos comunicamos con el 144 para consultar cómo se procede actualmente para ingresar al Plan Acompañar. La trabajadora que nos atendió dijo que, debido al recorte presupuestario, no se están tomando nuevas altas (ingresos) al Programa. Se mantiene el subsidio para los ingresos previos pero no para quienes soliciten incorporarse ahora. Nos aclaró también que sigue vigente el acompañamiento y asesoramiento telefónico.
El portal periodístico Ámbito Financiero, en una nota de diciembre de 2024, informó:
Programas esenciales como el Acompañar, la Línea 144 y el Patrocinio Jurídico a Víctimas de Abuso Sexual, políticas para atender y prevenir la violencia de género, han sido reducidos drásticamente o directamente desmantelados. En el caso del Acompañar, que tuvo como objetivo principal fortalecer la autonomía económica y social de las mujeres en situación de violencia, las altas otorgadas durante este año fueron casi nulas (cayeron un 98 por ciento). (…) El programa Registradas, que buscaba formalizar el empleo doméstico, fue eliminado, mientras que el Potenciar Trabajo, destinado a fomentar la inclusión laboral, sufrió un recorte del 86% (CEPA). Estas medidas afectan desproporcionadamente a las mujeres, principales beneficiarias de estas iniciativas, y amplían aún más la brecha de género en el mercado laboral.
En cuanto al Programa Registradas, implementado en 2021 con el objetivo de promover la incorporación de manera formal al mercado laboral de las trabajadoras domésticas, venció en diciembre de 2023 y el Gobierno de Milei decidió no renovarlo por Decreto. Según los datos disponibles, habían sido alrededor de 34 mil las mujeres beneficiadas.
Otra medida adoptada en el mismo sentido que venimos señalando, consiste en el fin de la moratoria previsional. Si bien incluye a trabajadores de ambos sexos: Entre las jubilaciones percibidas en 2024 por mujeres, el 79,4% (2.831.802, según el promedio mensual) tiene o tuvo plan de moratoria. Entre las correspondientes a varones, ese índice es bastante más bajo, aunque de todas formas significativo: el 47,5% de las prestaciones jubilatorias (981.752 sobre 2.065.658) tuvo moratorias.
Por su lado, un documento de Amnistía Internacional Argentina publicado en julio de 2024 denunciaba lo siguiente:
Este contexto de retroceso en materia de derechos de las mujeres y diversidades se ve agravado ante la falta de insumos esenciales para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y métodos anticonceptivos para la planificación familiar , lo que impacta en el derecho a la salud y la autonomía reproductiva de niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar. Asimismo, en abril de 2024, el Ministerio de Salud de la Nación anunció el rediseño y reestructuración del Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA). En dicho contexto, se informó que se dejará de proveer los recursos económicos, edilicios, materiales y humanos necesarios para garantizar su implementación y se limitará a sostener las tareas de coordinación, monitoreo y evaluación, y la compra de insumos.
Finalmente, en este Comunicado , emitido el 19 de Febrero por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, leemos:
Hoy, el gobierno de Milei está incumpliendo tanto la Ley Nº 27.610 de acceso a la IVE como la Ley Nacional Nº 25.673 Creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Este incumplimiento es una política sistemática que lleva adelante a través del desfinanciamiento y de la suspensión de la compra y distribución tanto de métodos anticonceptivos como de medicación para realizar los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo de manera segura y gratuita. Denunciamos un desabastecimiento alarmante en todo el país para la garantía de los derechos sexuales reproductivos y (no)reproductivos. A la falta de medicación se le suma la falta de información sobre cómo acceder a un aborto y a dónde recurrir, el no funcionamiento del 0800 222 3444 Linea de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, dificultades en el acceso a la primera consulta, demoras en los turnos, falta de turnos para ecografías, maltratos y preguntas invasivas, indicaciones incorrectas de cómo utilizar la medicación, entre tantos otros obstáculos. Todas estas prácticas son vulneraciones de derechos que, además, estigmatizan y provocan temor a quienes deciden interrumpir un embarazo».
Estos recortes presupuestarios se justifican mediante declaraciones, por parte de Milei, como estas en su ya célebre discurso de Davos:
Llegamos, incluso, al punto de normalizar que muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. […] No es casualidad que estos mismos sean los principales promotores de la agenda sanguinaria y asesina del aborto, una agenda diseñada a partir de las premisas malthusianas de que la superpoblación va a destruir a la Tierra y, por lo tanto, debemos implementar algún mecanismo de control poblacional.
A su vez, otros funcionarios del Gobierno también han expresado públicamente la intención de eliminar el femicidio, como figura agravante, del Código Penal y derogar la Ley de IVE.
Nuestra posición a este respecto es clara y tajante. Repudiamos la eliminación de la asistencia puntual y concreta para los problemas que nos aquejan especialmente a las mujeres (por el hecho de vivir en un sistema que sostiene una estructura patriarcal). Ante la problemática específica de violencia machista, contar con un plan de asistencia a las mujeres que atraviesan esa situación es parte de un conjunto de políticas que operan como meros paliativos. Sin embargo, entendemos que es mejor que estén a que dejen de existir.
Repudiamos la eliminación de estos programas de asistencia, así como repudiamos el ajuste a nivel general de la clase obrera. Pero no perdemos de vista que esos programas forman parte de las políticas del peronismo: limosna y migajas que operan como chantaje electoral para nosotras y glitter de feministos para ellos. El programa ACOMPAÑAR brindaba un subsidio miserable (equivalente a un salario mínimo, vital y móvil) por apenas 6 meses, lo cual es absolutamente insuficiente para afrontar una situación como la que implica salir de una casa en la que se convive con un violento. Encima era incompatible con cualquier tipo de ingreso laboral (bastaba con ser monotributista o jubilada para tener vedado el acceso a esta ayuda). En términos presupuestarios, la partida para este programa era insignificante. Pero daba rédito político, tal como exhibe Página/12 en esta nota firmada por Mariana Carabajal, en la que se promociona el emprendedurismo y se reivindica el pobrismo.
Las historias de las cuatro mujeres son diferentes. Los contextos también. Pero cada una de las destinatarias del Acompañar destaca que pudo volver a soñar un futuro, a partir de ese respaldo clave tanto a través de un salario mínimo, vital y móvil –por seis meses– como por la contención, la escucha y el encuentro con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares de violencia doméstica. Hoy esa posibilidad ya no existe para otras, para tantas. Milei lo hizo.
Milei lo hizo. Pero les importó un bledo la feminización de la pobreza (que, del conjunto de pobres, la mayoría sean mujeres y niños) cuando votaron al ministro del 270% de inflación y 45% de pobreza. Les sigue importando un bledo cuando acompañan el relanzamiento de campaña del peronismo, que es la fuerza política que nos trajo hasta Milei.
Para dejar de ser tan pocas
El concepto de patriarcado (tal como lo desarrolla Gerda Lerner en El origen del patriarcado y lo actualiza Carole Pateman en El contrato sexual) señala un sistema de subordinación de las mujeres a los hombres en base a la diferencia sexual. No hay instinto ni predeterminación o destino alguno en esto. Se trata de un problema político: nuestros cuerpos de mujer, nuestras capacidades sexuales y reproductivas, como base material de ese sistema de subordinación.
La opresión patriarcal no comenzó con el establecimiento del sistema capitalista: tuvo un período de formación miles de años antes de que surgiera el capitalismo. De manera que la apropiación por parte de los hombres de las capacidades sexuales y reproductivas de las mujeres era una práctica social profundamente arraigada en instituciones, capilarmente extendida en diversos lazos y cotidianamente reproducida por la costumbre cuando el capitalismo lo reconfiguró bajo la lógica de acumular ganancias. Con esto queremos decir que el capitalismo no anula ni supera al patriarcado, lo adapta a sus necesidades.
Por eso es posible distinguir, en la abigarrada trama de la realidad cotidiana, una serie de fenómenos que no puede explicarse por el objetivo económico de valorizar valor: la desigualdad en el ingreso (brecha salarial, «techo de cristal»); el predominio de varones en puestos de poder (desde el personal político y las representaciones gremiales hasta la dirección de las empresas o los clubes deportivos); la carga física y mental del trabajo doméstico y las tareas de cuidado, crianza y limpieza; la violencia machista (doméstica, simbólica, psicológica, asesina, violadora…); el sistema prostituyente y su faz mostrada en cámara: el porno (incluido Only Fans); los estereotipos ideológicos y culturales que colocan a las mujeres en un lugar de subordinación o inferioridad con respecto a los varones; las limitaciones (en diverso grado según los países y el momento histórico) al reconocimiento legal de derechos reproductivos (aborto, anticoncepción, planificación familiar); la hipersexualización de las adolescentes y las niñas (con su reverso: el «beboteo» impuesto a las adultas como índice de sumisión, infantilidad y coqueteo con la pedofilia). Detengámonos en algunos de estos fenómenos,
Hay un incremento, año a año, de la rentabilidad de la industria del sexo y la explotación reproductiva. El negocio del sistema prostituyente hace podio, a nivel mundial, con la venta de armas y el tráfico de drogas. El porno, esa industria de la violación filmada, se consume a edades cada vez menores y las categorías más vistas son las más violentas y misóginas. Bajo eufemismos del estilo «subrogación de vientre» y «maternidad por sustitución», con la naturalización publicitaria que encarnan figuras como Marley o Luciana Salazar (por limitarnos a Argentina) y con el impulso de los partidos burgueses que ya han presentado proyectos para regular el mercado local (la mayoría de esos proyectos lleva la firma del peronismo), la imagen de las incubadoras vivientes en Mad Max: Fury Road dejó de ser una fantasía cinematográfica: la guerra en Ucrania exhibió el horror de verdaderas «granjas de paridoras» detrás del negocio.
Esta serie de fenómenos muestra, empíricamente, que hay una estructura social jerarquizada que se apoya en la diferencia sexual para reproducir constantemente esas desigualdades, subordinaciones y violencias. No se trata de un «pacto social entre machos», como pudo ser en estadios primitivos del patriarcado. Se trata de un sistema que opera a espaldas de sus agentes. El concepto de patriarcado no señala hoy un «gobierno de los padres» sino una objetividad social que se manifiesta en esa serie de fenómenos generados de manera constante e inconsciente.
En este sentido son muy ilustrativos los casos de Dominique Pelicot (quien drogaba a su esposa para que fuera violada por decenas de hombres) y Joël Le Scouarnec (acusado de agredir y violar a 300 niños) porque presentan un aspecto en común: la repetición, esto es, la persistencia en el tiempo de las aberraciones. Esta persistencia resulta inconcebible sin un sistema de instituciones, prácticas y representaciones comunes que legitiman y naturalizan la subordinación de las mujeres a los hombres.
Por eso, cuando se intenta refutar la idea de «cultura de la violación» argumentando que el 99,99% de los hombres no son Pelicot y Le Scouarnec, no sólo hay que pedir una explicación de la persistencia de esas aberraciones durante años (una que no sea la genialidad criminal de estos individuos), sino también –y fundamentalmente– una explicación del sistema prostituyente (basado en el derecho de los hombres a violar mujeres por dinero) y la industria de la violación filmada, cuyas víctimas son abrumadoramente las mujeres y cuyos consumidores son abrumadoramente los varones.
De ahí que sea impertinente comparar cifras de hombres muertos en la guerra o asesinados por otros hombres con los casos contemplados bajo la figura agravante del femicidio. Lo que el concepto de patriarcado intenta establecer es la realidad de un sistema de subordinación que permite explicar las violaciones, el porno, la prostitución y los femicidios. Buscar las razones en el machismo sólo desplaza la pregunta, porque entonces hay que explicar de dónde sale el machismo, es decir, cómo se producen y reproducen los estereotipos sexistas de lo masculino y lo femenino, con sus relaciones de subordinación, desigualdad y violencia.
Hacemos política de cara a las mayorías. Y las mayorías, en todo el planeta, son dos: los trabajadores y las mujeres. Es decir, los seres humanos obligados a vender su fuerza de trabajo para poder vivir y las hembras de la especie (la mitad de la humanidad). Obviamente, esas mayorías se solapan: la mayoría de las mujeres pertenece a la clase trabajadora. Pero reconocemos que la agenda feminista, cuyo sujeto político somos las mujeres, contiene demandas específicas, algunas de las cuales son irreductibles a la ley del valor y, en cambio, se entienden recurriendo a la teoría feminista.
Por eso, si queremos dejar de ser tan pocas, tenemos que encontrarnos. Damos por supuesto que hay otras compañeras que piensan cosas parecidas a las que exponemos en nuestros textos y charlas. Si nos encontramos a conversar es factible que, apoyadas en el respeto y la honestidad intelectual, podamos elaborar acuerdos, sostener una permanencia y apuntar a un proyecto común.
Convocatoria Abolicionista 8M 2025 en la que participamos, esquina de Corrientes y Callao, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
NOTAS:
1 En el informe de gestión de PBA (2021) de la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud se encuentran párrafos como el siguiente: «Cabe destacar que, durante el año 2021, se sostuvo la provisión de la canasta completa de insumos para acceder a los procesos de modificación corporal hormonales y los procesos de supresión puberal para niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias». Algo similar sucede con el informe 2022: «Si bien el objetivo del programa se enfoca en poder garantizar salud integral en los equipos que se referencian en la Red Provincial, garantizar el acceso a modificación corporal mediante procesos de hormonización es también una tarea por la cual gestionamos». Como se señala debajo, eso incluye la provisión de insumos para procesos de modificación corporal hormonales y supresión puberal para «niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias».
2 En diciembre del 2023, como una de las primeras medidas de la actual administración, el Gobierno Nacional dispuso mediante los Decretos N° 8/2023 y N° 86/2023 la desjerarquización del ex Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad a una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, en el marco de la estructura del Ministerio de Capital Humano. El nuevo organismo estaría a cargo de cumplir con la normativa vigente en materia de prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de asistencia integral a las víctimas. En mayo de 2024, a través de los decretos N°450/24 y N°451/2024, se transfirió la nueva Subsecretaría al Ministerio de Justicia de la Nación y, finalmente, en junio, se anunció el cierre definitivo de la Subsecretaría con la justificación de reducción del gasto público, sin precisar la continuidad de los programas a su cargo.
