Esos que amasan millones / tienen la Casa Rosada.
–Gustavo Leguizamón, abogado,
«Chacarera del expediente».
Todo hecho político trascendente –y este lo es– puede convertirse en ocasión para exponer y explicar de qué se trata esta idea tan denigrada por Milei de una sociedad socialista, en contraste con el funcionamiento de ese mecanismo social tan vituperado por nosotros: el sistema capitalista. Comencemos por el comunicado de los familiares del crimen social de Once:
Este comunicado sintetiza una mirada abarcadora, orgánica, del fenómeno de la corrupción en la obra pública: no son casos aislados, sino que responden a «un plan organizado desde el poder político». Avancemos un poco más.
La obra pública se financia con plusvalor arrancado a la clase trabajadora. Y la obra pública (iluminación, asfalto, cloacas, tendido de cables o caños para servicios básicos, edificios escolares, hospitales, etc.) mejora las condiciones de vida de nuestra clase. De manera que, cuando hablamos de corrupción en la obra pública, no hay que olvidar el doble perjuicio que provoca a los trabajadores: se nos roba plusvalor destinado a obras de infraestructura (ahí están los millonarios bolsos de José López) y se empeoran nuestras condiciones de vida (ahí está el crimen social de Once, con 51 trabajadores muertos y cientos de trabajadores heridos).
Pero también la envergadura que adquiere la corrupción debería vincularse a la extensión y profundidad de las relaciones mercantiles y capitalistas. Nunca debería perderse de vista que la sociedad capitalista tiende a la mercantilización de todas las relaciones. Por eso, en última instancia, las virtudes y la decencia, incluidos votos de parlamentarios, y sentencias judiciales, se compran y venden, como cualquier otra mercancía. Detrás de las promesas de «nos preocupamos por la gente», está el contenido de toda política burguesa (esto es, de toda política que defiende la propiedad privada y la explotación). Y el dinero, la encarnación misma del valor y del poder social, es el centro de la atracción. […] ¿Qué importa que no se hagan obras para evitar inundaciones? ¿Qué importa que se desvíen fondos destinados a mejorar los ferrocarriles? ¿Qué importa que se utilicen subsidios para afianzar mi poder? ¿Qué me importan los muertos por inundaciones, por accidentes ferroviarios? ¿Qué me importa la gente sin trabajo ni recursos? ¿Qué me importa todo esto, si yo me enriquezco de la noche a la mañana? ¿Qué me importa si «el dinero convierte la lealtad en felonía, el amor en odio y el odio en amor, la virtud en vicio y el vicio en virtud, el siervo en señor y al señor en siervo, a la estupidez en talento y al talento en estupidez»? Ésta es la civilización burguesa «en acto»; y es la razón última de la corrupción generalizada.1
La Corte Suprema de Justicia ratificó las condenas (de las instancias previas) a Cristina (y algunos de sus secuaces) por desviar en su beneficio dinero destinado a obras públicas. Inmediatamente, un sector del peronismo entendió que era una oportunidad para galvanizar sus expectativas de unidad partidaria y competencia electoral detrás de una víctima (una especialidad peronista), relegando la interna que se devora el escudito. Por su parte, la izquierda trotskista2 creyó que se presentaba la oportunidad tan esperada de una movilización nacional por tareas burguesas (conquistar la democracia, la división de poderes y la justicia), que esa movilización desbordaría los límites de la reivindicación inmediata y, en un ascenso escalonado por consignas transicionales, las masas romperían con el FMI y coso.
Pero no hubo 17 de octubre (ni Cordobazo), no hubo Plaza de Mayo colmada, lo que hay en los lugares de trabajo es una distribución equitativa de la indignación y el disfrute por la condena3, mientras el movimiento obrero organizado ensaya una de sus entrenadas quietudes, casi en silencio. Y la izquierda trotskista expuso su programa y su estrategia como pocas veces ha sido posible verlo.
Tampoco hubo proscripción. Lo que hay es una inhabilitación para ocupar cargos públicos a una persona hallada culpable de haber afanado $84.835.227.378,04 (casi 85 mil millones de pesos, sin actualizar por inflación) de la obra pública. El peronismo no está proscripto. Puede presentarse a elecciones a pesar de la victimización discursiva («nos fusilaron, nos encarcelaron, nos proscribieron, nos desaparecieron…»).
Cristina Fernández de Kirchner es la principal dirigente del peronismo. El peronismo, en tanto es históricamente la principal fuerza burguesa del país, es el principal enemigo de la clase trabajadora en Argentina. El desvío de plusvalor obrero para beneficio propio no es el único crimen que CFK cometió. Tampoco es la única representante de la clase explotadora que ha cometido crímenes. ¿Por qué caen sólo ella y algunos de sus cómplices? Por una interna entre fracciones burguesas. A los socialistas no nos corresponde meternos: que se maten entre ellos. Queremos que TODOS vayan presos.
Democracia, burguesía y Perogrullo
Puede parecer una verdad de Perogrullo y, sin embargo, divide aguas: las sociedades son modos de organización de los seres humanos para reproducir su vida. Hacemos sociedades para sobrevivir, no para buscar la justicia. Se hará justicia en la medida en que se la pueda enlazar a la causa fundamental, que es vivir. Si una población vive y se reproduce, si lo hace dentro de una relativa estabilidad y perdura en el tiempo, entonces tenemos que aceptar que esa sociedad es relativamente eficiente y cumple con su función esencial. Esto no significa que debamos aceptar los estándares de vida vigentes ni, mucho menos, que no podamos prever cómo la lógica del funcionamiento social en el capitalismo conduce necesariamente a la disfuncionalidad y el hundimiento, es decir, a mayor sufrimiento humano y barbarie social.
Nuestra coincidencia general con el conjunto de los trabajadores es que queremos vivir, de mínima, como hasta ahora. Y, si es posible, lograr algunas cosas más para que nuestro vivir sea más disfrutable. Nuestra discrepancia categórica estriba en que la inmensa mayoría trabajadora es mucho más optimista que nosotros sobre las perspectivas futuras de una sociedad basada en los intereses de una minoría, que es la clase burguesa. Basta comparar las condiciones de vida y las expectativas entre distintas generaciones de trabajadores (los que hoy ingresan al mercado laboral con los que ingresaron hace 20, 40, 60 años) para advertir cómo la decadencia se expande y ahonda sin prisa y sin pausa.
Pero esa distinción entre un presente palpable (que se degrada lenta e incesantemente) y un futuro presumiblemente oscuro (que no se presentará bajo la forma de un Día del Juicio Final) no puede disolverse en la voluntad y la queja. Si nuestras ideas y propuestas son minoritarias es porque la gran mayoría de la clase trabajadora –desde nuestro punto de vista objetivamente explotada y oprimida– sigue considerando que este modo de vivir es aceptable. Nuestra apuesta por el socialismo es una anticipación de lo que padeceremos, basada en estimaciones sobre lo que hemos vivido y estamos viviendo. No queremos el socialismo porque seamos utopistas. Lo queremos porque, en el capitalismo, vivimos –y vamos a vivir– cada vez peor.
Sobre esta verdad de Perogrullo levantamos nuestra consideración de la democracia burguesa, muy diferente de la perspectiva que en estos días esgrime una fracción de la burguesía apoyada por el FITU. Para nosotros, la democracia burguesa es, en términos muy genéricos, el entramado institucional estatal más conveniente para el capitalismo. En ese entramado, el sistema judicial juega un rol importantísimo. La división de poderes tiene por función garantizar la integración de los distintos compradores y vendedores de mercancías4. Principalmente, la integración de los burgueses, regulando su competencia mortal5. Pero también la integración de quienes únicamente poseemos nuestra fuerza de trabajo para ofertar, asegurando un cierto piso de condiciones para esa venta. No por bondad o altruismo, sino para asegurar la reproducción del propio sistema de explotación, es decir, la perdurabilidad del capitalismo a través de su fuego prometeico: el trabajo humano.
El funcionamiento de la democracia burguesa no es el paraíso de la razón ni el sueño de los justicieros. Es un mecanismo que respeta –por sobre todas las cosas– el derecho a la propiedad y la acumulación. Para asegurar su eficiencia, se integran otros derechos, como los políticos, el derecho a reunión o a defensa en un juicio. Estos derechos están vigentes, pero al modo burgués. Y al modo burgués significa que son derechos tejidos en la urdimbre onerosa del dinero y los recursos, del tráfico de influencias, contactos y antecedentes. Eso introduce inexorablemente un alto grado de desigualdad, pero no anula la justicia en tanto funcionamiento administrativo, jurídico. Detengámonos un momento en esto.
Una porción importante de la clase trabajadora en Argentina ha realizado amparos, juicios laborales, demandas de indemnización, etc. Y ha obtenido beneficios: la burguesía lo llama «industria del juicio». Eso es real, existe. A tal punto, que es un obstáculo para la acción directa: muchos compañeros creen que todo puede resolverse judicialmente, apelando a la Constitución y los derechos. El punto es que la justicia funciona. Funciona mal, por supuesto. Es decir, no sólo funciona al modo burgués sino que en Argentina funciona atada con alambre. Y va a funcionar cada vez peor. Pero eso tampoco anula el funcionamiento del sistema jurídico dentro del capitalismo. Simplemente señala que Argentina es un país quebrado: la decadencia del aparato judicial acompaña (como los hospitales y el sistema educativo) la decadencia general.
Esa justicia burguesa, fuertemente regulada por el dinero, se encuentra por lo tanto preñada de espera, atravesada por la dilación en el tiempo, por una agobiante incertidumbre kafkiana que sólo puede superar la capacidad financiera. En un sistema social que acepta enormes diferencias, siderales distancias, de dinero y capacidad financiera, no puede haber una justicia indiferente al flujo de billetes. Pero esto afecta únicamente a los trabajadores, no a la burguesa Cristina Fernández de Kirchner, que pudo llegar hasta la apelación en la Corte Suprema. Y a quien, al permitirle acceder al manejo de presupuestos públicos, no le han impedido continuar en condiciones de cometer los mismos delitos de los que estaba acusada. Como si a un acusado de pedofilia, condenado en primera instancia, no se lo pudiera separar de su cargo docente en una escuela.
Abogados, astrólogos y dobles
Un dato anecdótico que nos acerca al derrotero intelectual del trotskismo es que sus dos dirigentes más reconocidos en los 40 años de continuidad democrática, Luis Zamora en el siglo pasado y Myriam Bregman en el presente, son abogados. Sería difícil que sus principales dirigentes fueran astrólogos. Sin embargo, en estos días, Myriam Bregman se presenta como la practicante de una actividad puramente imaginaria, autodeterminada y con nulo impacto en la vida social: una justicia improcedente, que tal vez ni siquiera existe. «No es justicia: es proscripción», escribe otra abogada del PTS6. Pero Myriam sabe –y nosotros sabemos– que no es así.
Cuando el partido en el que Cristina Fernández de Kirchner iniciaba su carrera hacia el estrellato político (el mismo partido que ahora la tiene por presidenta nacional) decretó el indulto a los genocidas, violadores y ladrones de bebés, a comienzos de la década del 90, el Poder Ejecutivo echó mano de uno de los recursos que le permiten modificar resoluciones judiciales. La justicia burguesa había condenado a las Juntas Militares y el partido de Cristina liberó a los milicos. Con todas las organizaciones de masas peronistas –y sus dirigentes políticos– trabajando a favor del indulto, pocas movilizaciones se llevaron a cabo en la década del 90 contra el negacionismo peronista.
Sin embargo, fueron instrumentos legales –cursados por abogados, en el marco de la estructura jurídica del Estado burgués– los que consiguieron revertir la vocación de impunidad de la actual jefa del PJ y de su entonces jefe Carlos Menem. ¿Cómo? A través de la astuta e inteligente idea de que un bebé desaparecido seguía secuestrado hasta que apareciera (o tomara conciencia de su paradero y la necesidad de su liberación): el argumento, entonces, afirmaba que los milicos fueron indultados por lo que habían hecho, pero no por lo que seguían haciendo. Así, hacia el final del gobierno peronista comenzaron a regresar, muy a pesar del peronismo, los genocidas a la cárcel. No fue este el único caso. Pero es el más emblemático.
Digamos también que los partidos de izquierda promueven, acertadamente, presentaciones en la justicia laboral, civil, familiar, electoral y penal, cada vez que consideran violentados derechos en estas áreas. Entonces nos preguntamos: ¿Por qué el trotskismo, visiblemente conducido por abogados, con participación en elecciones y acudiendo asiduamente a los estrados judiciales, puede a la vez, con ganas y con orgullo, negar el funcionamiento relativo de la justicia burguesa?
Nuestra explicación de esa «doble vida trotskista» ha sido desarrollada en varias notas7, así que seremos concisos acá: el programa y la estrategia del trotskismo se fundan en una caracterización de la realidad según la cual vivimos en un mundo de constantes crisis, guerras y revoluciones, con las fuerzas productivas estancadas, un mundo donde la competencia entre capitales ya no existe porque dominan los monopolios, un mundo donde millones de obreros quieren el socialismo pero sus dirigentes traidores lo impiden, un mundo donde la ley del valor dejó de funcionar, un mundo donde hay un único imperialismo y es yanqui (entonces todo lo que se oponga, o parezca oponerse, a EEUU debe ser apoyado por la izquierda), un mundo donde la democracia burguesa es contraria al capitalismo porque el «estado de excepción» es permanente y la amenaza del fascismo sería obvia, un mundo donde cualquier lucha parcial puede desatar la revolución apenas las masas en las calles desborden espontáneamente a sus conducciones traidoras.
Todas las acciones del trotskismo se justifican con argumentos forzados e inconsistentes porque su diagnóstico del mundo está detenido en las páginas del Programa de Transición. El trotskismo vive en una ucronía narrada en 1938. Sus acciones en el presente quizá guarden coherencia en aquel mundo ficticio. Pero son indefendibles, desde una perspectiva socialista medianamente razonable, en el mundo real en que vivimos.
Dinero, demora y reflejos
El tiempo es una de las grandes diferencias entre obreros y burgueses, también en el plano judicial. De ahí la oposición peronista (y del FITU) a Ficha Limpia: lo único que cambiaba ese proyecto de ley era la cantidad de tiempo disponible para seguir currando, al despejar una instancia.8
Que la justicia funciona a la manera burguesa y que eso es un funcionamiento, no son sólo consideraciones nuestras y de la mayor parte de la clase trabajadora. La propia CFK y sus seguidores tomaron el caso dando esto por supuesto: una causa iniciada en noviembre de 2008, elevada a juicio oral en 2018, tuvo su primera condena en 2022. La indignación, la sectorial indignación, apareció retardada, 17 años después. Semejante artrosis en los reflejos se explica porque lo raro en estas causas es que lleguen a algún veredicto y no se pierdan (recursos económicos mediante) en infinitas recusaciones, apelaciones y demoras.
Nada de eso sucede cuando un dirigente político es detenido en la Rusia de Putin o la Nicaragua de Ortega. Allí la indignación y la denuncia no esperan años para expresarse: el hecho de que los acusados vayan inmediatamente a la cárcel y una taza de té les pueda ocasionar, con sospechosa frecuencia, la muerte, mantiene los reflejos tonificados. En cambio aquí, donde rige la democracia burguesa, donde el dinero y los contactos poseen cierto peso, la apuesta de Cristina fue que, a la larga, no pasara nada.
Un burgués tiene dinero para apelar en todas las instancias. Un obrero, no. Un burgués puede acelerar o demorar un proceso, según lo que más le convenga. Un obrero, no. Un burgués, aun condenado a prisión, puede gozar de toda clase de beneficios especiales. Un obrero, no. Esta es la principal fuente de repudio al funcionamiento de la democracia burguesa. No que esté arreglada para maltratar a algunos burgueses y favorecer a otros. Esta fantasía es insostenible. La Constitución determina que los jueces son nombrados por las fuerzas políticas dominantes, a través de propuestas del Ejecutivo y aprobaciones del Legislativo. Y que el mayor peso en las decisiones lo tiene el sector más conservador, que representa a las provincias: el Senado. ¿Y quién domina el Senado desde hace 40 años? El peronismo.
El peronismo nombró a los jueces que hoy acusa de confabulaciones «anti-peronistas». El destacado e ineludible dominio peronista del Senado Nacional y las provincias, durante los últimos 40 años, vuelve ridículo el planteo de lawfare. No sólo estos jueces, sino el conjunto del aparato judicial ha sido propuesto, votado y formateado por el partido político que ahora se autoproclama histórica víctima.
Memoria, verdad y justicia
Hace un mes, poco antes de las elecciones, el FITU conformó un interbloque con el peronismo para otorgarle, en una comisión que se proponía investigar el caso $Libra de Milei, un cargo más a esta fuerza burguesa que tanta fascinación le provoca9. En ese momento, al FITU le pareció útil colaborar con un mecanismo institucional burgués cuyo interés de máxima era llevar a Milei ante la justicia. Así, el trotskismo puede confiar en la justicia durante el mes de mayo y repudiarla en junio, con un único elemento en común: estar siempre del lado peronista de la vida.
La foto de los dirigentes del FITU en la sede del PJ alcanza el doble estatuto de lo vergonzoso y lo macabro. Mariano Ferreyra no fue el primer militante trotskista asesinado por el peronismo. «El 29 de mayo de 1974 un comando de la Triple A asesinó a Mario Zidda, Antonio Moses y Oscar Meza, tres militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST)» (Ideas de Izquierda). «El 13 de diciembre de 1974, a plena luz y a la vista de numerosos testigos, un comando terrorista parapolicial secuestró a los compañeros Jorge Fischer y Miguel Angel Bufano, cerca de la fábrica Miluz, donde ambos trabajaban. Dos días después, aparecieron acribillados en un basural del sur del Gran Buenos Aires» (Prensa Obrera). En la Masacre de Pacheco (4 y 5 de septiembre de 1975), la Triple A asesinó a Adriana Zaldúa, Hugo Frigerio, Roberto Loscertales, Lidia Agostini y Ana María Guzner Lorenzo, Patricia Claverie, Oscar Lucatti y Carlos Povedano. (IzquierdaWeb). Suman 13 los militantes trotskistas asesinados por la fuerza política en cuya sede los dirigentes del FITU fueron a «ponerse a disposición».
Cuando leímos ayer una nota de ANRed titulada «¿Qué hacía un colaborador de la dictadura en la extraordinaria del PJ Nacional?», nos dijimos «Esto es el mundo del revés». Porque la única pregunta lógica, fundada en la historia y razonada desde una perspectiva de izquierda es otra: ¿Qué hacían los dirigentes trotskistas en la cueva de sus asesinos? Todavía estupefactos, al rato vimos en las redes un análisis de Myriam Bregman que concluye así:
Como puede advertirse, el FMI le gobernaba el país a Duhalde y lo sigue haciendo hoy. No sólo le impuso cambios legislativos a aquel gobierno, sino que las políticas que ordenaba el Fondo se imponían con una feroz represión como la que mató a Maxi Kosteki y Darío Santillán (solo seis días después de la promulgación de esa ley) en la estación Avellaneda, hoy estación Darío y Maxi.
En unos días se cumple un nuevo aniversario de esa masacre y vamos a seguir peleando con todas nuestras fuerzas contra todas las políticas del FMI. Por Darío y Maxi.
El FITU no sólo defiende, con todas sus fuerzas, a una garante de la explotación capitalista que, además, robó directamente a la clase trabajadora. No sólo se pone a disposición de la fuerza política que le asesinó 13 militantes. También borra la responsabilidad política del peronismo en los asesinatos de Kosteki y Santillán, atribuyéndosela al FMI.
Chocolate, Cristina y Tolstoi
Mas allá de esta miserable sumisión del FITU al peronismo, desde nuestro punto de vista y nuestras posibilidades de análisis, no tenemos dudas de que Cristina es culpable de robarle a la clase trabajadora. Y el fallo del juicio cubre apenas un aspecto muy parcial del desfalco. Tampoco tenemos dudas de que si avanzaran las causas contra Macri, Alberto y Milei se llegaría a resultados similares. Por otra parte, sabemos que a partir de cierto nivel de relevancia los políticos burgueses tienen un modo de «probation a escala». Mientras a los trabajadores nos pueden llegar a conceder la permuta de una pena por trabajos comunitarios (pintar una escuela o colaborar en un centro de salud), a los políticos burgueses les suelen permutar una pena por otro servicio a la comunidad: el retiro anticipado. Como hizo Menem, cuando se blindó contra estos problemas (que avanzaban igual que ahora contra Cristina) renunciando a hacer política propia y transformando el Honorable Senado de la Nación, con sus fueros y su all inclusive, en su peculiar y confortable instituto geriátrico.
También creemos que Cristina es culpable porque toda la política burguesa se financia robándonos a través del Estado, de maneras más o menos delictuales. El caso de Chocolate Rigaud en la legislatura bonaerense10 es un rolito penando en la cumbre de un iceberg: toda La Cámpora es una bolsa de trabajo del gobierno kirchnerista. La mismísima Diana Conti lo declaró sin dejar margen alguno para la interpretación metafórica: para hacer política, «hay que tener un patrimonio muy grande». Además, si todo lo que ahora se está ventilando fuera mentira, ¿por qué el peronismo no defendió a Julio de Vido de la misma manera? A confesión de parte, relevo de pruebas.
Dice Tolstoi, al comienzo de Ana Karenina, que todas las familias felices se parecen, pero que las infelices lo son cada una a su manera. Parafraseándolo: en la política burguesa, cuando está claro quién va a ganar, todos le juntan los tacos y son felices de igual manera. Pero cuando hay que elegir cómo perder, cómo ser infelices, cada político tiene su propia forma de asumir la tragedia. Entonces la interna se vuelve feroz e inagotable.
Las bases peronistas aspiran a resolver, a través de una víctima, lo que no tiene solución. Pero la víctima no es Cristina, sino los propios votantes del peronismo, al pretender e intentar que su partido sea lo que no es, lo que ya demostró –a lo largo de su historia– que no es para amplias capas de trabajadores.
Pero supongamos que se produjera el escenario ansiado por el trotskismo y la movilización de una fracción burguesa liberara a Cristina. Es decir, supongamos que esa fracción se erigiera por encima de las leyes y el aparato jurídico burgués, o sea, por encima del conjunto de la clase burguesa representada en ese aparto. ¿No sería esto exactamente lo que solemos denominar «bonapartismo»? Si la respuesta fuera afirmativa, ¿no sería entonces un paso atrás para las libertades democráticas?
Todos tendrían que ir presos y queremos que vayan presos. Eso no va a cambiar el sistema. Pero mejoraría las perspectivas para cambiarlo. Y este es nuestro objetivo.
Izquierda, programa y estrategia
Algunos compañeros pueden pensar que cuando decimos «trotskismo» nos referimos únicamente al FITU. Tenemos elementos para pensar que no es así. En primer lugar, las encuestas de Mora Jozami, que el periodista Carlos Pagni exhibió el lunes pasado, en vísperas de la condena: triste, pero no increíblemente, el porcentaje de quienes creen que Cristina es culpable, es decir, de quienes aceptan la verdad, es mayor entre quienes se declaran peronistas que entre quienes se declaran de izquierda (gráfico de barras). Y, en el promedio general, mientras la mayoría de los encuestados cree que Cristina es culpable (gráfico circular), la mayoría de los que se dicen de izquierda creen que es inocente.
El berenjenal en el que están mezclados ha adquirido tal profundidad, que la desconfianza en la dirigente burguesa más preponderante de este siglo es mayor en su propio partido que entre quienes se autoperciben simpatizantes de la obra de Carlos Marx.
Todo esto como primer elemento.
Otro elemento es el pasaje final del artículo escrito por, quizás, uno de los sectores trotskistas que (a causa de su marginación) suele tener declaraciones algo más radicalizadas que el FITU: Política Obrera, cuyo dirigente es Jorge Altamira. En un extraño menjunje de cosas diversas propone que, para superar al peronismo en desbande hay que defender a los chorros peronistas. Eso sí: a condición de que no hayan cometido crímenes de sangre o lesa humanidad. Todo lo cual es una reivindicación del desfalco lisa y llana (una coincidencia profunda entre Altamira y Gabriel Solano, cuyo infame tuit puede leerse arriba), que cierra con una efeméride peronista, para no dejar lugar a dudas acerca de dónde está su corazón:
Nuestro partido, Política Obrera, repudia por anticipado la anticipada condena que se apresta a dictar la Corte y defiende los derechos políticos de toda persona mayor a los 16 años que no hubiera sido condenada por delitos de sangre ni por crímenes de lesa humanidad. Lo que importa para el progreso del pueblo no es la condena política dictada por una oligarquía de togas, sino la superación política del peronismo en desbande, por medio de la experiencia en la lucha y el debate políticoLa prohibición de los derechos políticos de Cristina Kirchner tiene lugar cuando la ultraderecha gobierna por decreto, pisotea las leyes y la Constitución, reprime las luchas populares, cercena el derecho de manifestación callejera y expresión pública, apoya al fascismo internacional y a las guerras imperialistas de la OTAN.
Buenos Aires, 9 de junio de 2025. 70° aniversario de la marcha golpista de Corpus Christi, organizada por la Iglesia Católica y el Vaticano.
Argumentos, debate y socialismo
El peronismo es un partido burgués dirigido por explotadores y, también, ladrones. Es una prueba de decadencia que un sistema de opresión y explotación se haga trampa a sí mismo en la persona de sus máximos representantes, en el modo de acrecentar sus patrimonios individuales. Nada nos permite simpatizar con ellos. Ni cuando nos explotan legalmente ni cuando nos roban ilegalmente. Nada nos dispone a simpatizar con ellos: ni cuando se unen contra nosotros ni cuando se pelean entre ellos.
Si la izquierda hegemonizada por el trotskismo dedica sus esfuerzos intelectuales a encontrar justificaciones y argumentos a favor de una fracción de explotadores, nosotros encontramos en este episodio una ocasión más para explicar que el problema no son los jueces que el peronismo puso en los juzgados, sino el sistema que tiene al peronismo por habitual brazo gobernante, promotor de este elenco judicial y, también, de la llegada libertaria.
NOTAS:
1 Rolando Astarita, «Corrupción y capitalismo (1)». La generalización de la forma mercancía y el papel crucial que cumple su comprensión para los militantes socialistas es el problema central abordado en nuestro último editorial: «El Rubicón de la mercancía».
2 Hubo excepciones, como la del Nuevo PST («Que marche presa: no defendemos a CFK»), el Partido de la Causa Obrera («No damos apoyo político ni a CFK ni a ningún partido de la clase capitalista»), Convergencia Socialista («Los y las socialistas no defendemos a Cristina… trazamos rayas con la izquierda que la defiende») y el PSTU («Ante la condena a CFK»). Pero nuestro acuerdo con esos grupos sobre este punto en particular («que los políticos burgueses vayan presos») no anula nuestras críticas al programa y la estrategia trotskistas, que nos gustaría poder debatir con los compañeros en busca de una interpretación consistente del mundo en que vivimos. Otras excepciones, en la izquierda y fuera del trotskismo, hallamos, por ejemplo, en la minoría guevarista del sindicato docente Ademys, en Comuna Socialista («Sobre la condena a CFK: unirse de manera independiente, sustraerse de las pujas ajenas») y en Vía Socialista («Una espada sin cabeza. Sobre la proscripción de Cristina, la claudicación de la izquierda y la necesidad de algo nuevo»).
3 En el programa periodístico QR emitido el 12 de junio mostraron un sondeo de la consultora Zuban Córdoba con estos resultados:
4 Comprender la forma mercancía tal como aparece analizada en El Capital, de Marx, es una adquisición teórica que consideramos fundamental para la militancia socialista. Sobre esto habla nuestro último editorial: «El Rubicón de la mercancía».
5 Sobre la importancia de la competencia para entender la sociedad en que vivimos, dos recientes notas pueden servir de ayuda: «Nadie se salva solo: un eslogan burgués para la unidad nacional» y «El materialismo de la ilustración sensible».
6 Larisa Pérez, «Proscripción a CFK. Poder sin votos, privilegios sin límites: la Corte, una casta que decide por millones de personas», nota publicada en La Izquierda Diario el martes 10 de junio de 2025.
7 Comencemos por un tríptico que titulamos, precisamente, «las dos vidas del trotskismo»: (i) «La educación sentimental (política) del progresismo»; (ii) «Interrogar nuestra militancia»; (iii) «El progresismo es opuesto al socialismo». Continuemos por (iv) «Rey Lear: el drama del trotskismo y la esperada herencia peronista»; (v) «El orgullo de la marcha 1F»; (vi) «PTS, fase superior del programa trotskista»; (vii) «Debate sobre el sindicalismo de izquierda»; (viii) «Monopolios y Estado burgués: El proceso contra Google y los disensos entre capitalistas».
8 Hablamos de Ficha Limpia en «Otra oportunidad perdida (El trotskismo, ese Pierre Nodoyuna de la izquierda)».
9 Analizamos esto en «Rey Lear: el drama del trotskismo y la esperada herencia peronista».
10 Hugo Alconada Mon, «Caso Chocolate: calculan que la banda criminal defraudó en casi $400 millones al Estado bonaerense en menos de dos años», nota publicada en La Nación el 28 de marzo de 2024.
