Entre las interpretaciones de los años 70 que inciden en el presente, la más extendida por el progresismo es la que abandona toda ambición socialista, asume la plena derrota y defiende una tarea, la memoria, más cerca de la repetición obcecada que del debate crítico. Esta interpretación recorta dos actores donde hubo tres: están «la guerrilla» y los milicos pero queda afuera el peronismo, el partido garante del orden burgués.
La historia escrita por este bando triunfador no admite discusión alguna porque no admite ir a ninguna parte en la historia. La historia tendría ese final, el Nunca más, que nos informaría la única verdad que es la realidad: «Nunca más haremos historia», el mejor de los mundos posibles es el capitalismo y la democracia burguesa. Todo lo cual coincide, exactamente, con el fin de la historia anunciado por Francis Fukuyama.
La voluntad de cierre ordenado se puede ver en la consigna «Son 30 mil», ya que trata de llevar la cuestión a un terreno que no indica ninguna responsabilidad, no denuncia ninguna política ni tiene costo político para los gobiernos burgueses. «Son 30 mil» funciona como un símbolo que, a lo sumo, alimenta una polémica estéril, atenazada entre el fervor por la aritmética y la nobleza orginaria de una consigna convertida en rezo, mientras en los hechos prácticos la verdad sigue oculta y bien guardada bajo siete llaves.
La preeminencia del aserto «Son 30 mil» sobre el imperativo «¡Abran los archivos!» indica el privilegio del plano de los gestos simbólicos por sobre el plano de las prácticas concretas. Así, descolgar de la pared un cuadro con la imagen de Videla o pedir perdón «en nombre del Estado» pesan más que la (segunda) desaparición de Julio López en 2006, el desguace de la ESMA hoy, el desalojo de Guernica por Axel Kicillof, el nombramiento de César Milani o la cacería de izquierdistas y opositores durante el último gobierno de Perón (que dejan en ridículo la actual atribución de fascismo al gobierno de Milei).
Las consignas de memoria, verdad y justicia parecen omitir que Néstor y Cristina jamás tramitaron un habeas corpus durante la dictadura1, jamás realizaron un acto del 24 de marzo en Santa Cruz2 y jamás tuvieron al socialismo como objetivo político. Al contrario, Cristina ha celebrado el capitalismo –un modo de producción basado en la explotación de una clase por otra– en muchas ocasiones. ¿Qué memoria, qué verdad y qué justicia puede haber en que Sergio Massa, siendo ministro hambreador de economía del gobierno de Alberto, hiciera campaña con un avión de los vuelos de la muerte como emblema, utilizando todo el aparato del Estado burgués a su favor?
«¡Que abran los archivos!» es una demanda que deja mal parado al peronismo, ya que mantuvo ocultos los archivos en sus largos períodos de gobierno (28 años de los últimos 40 en democracia). Para abordar estos problemas, apenas se conformó el Archivo Popular de la Memoria entrevistamos a Carlos Loza, compañero sobreviviente del campo de concentración ESMA, militante del gremio portuario y activista por los derechos humanos3.
VyS: Carlos, ¿cuál es la iniciativa que llevan adelante?
CL: Nosotros, militantes de derechos humanos, hemos conformado el 22 de agosto [de 2023] el Archivo Popular de la Memoria, que tiene como finalidad recuperar los archivos de la represión estatal. En donde no lo podamos hacer, queremos reconstruirlos a partir de una investigación en los lugares donde los compañeros estuvieron detenidos.
Fundamentalmente, lo que buscamos es saber dónde estuvieron los compañeros, adónde fueron llevados y cuál fue su destino final. No sólo por la importancia histórica y política de esa información, sino también porque, al no conocer ese destino, no hay juicios ni castigo para los responsables en esos casos.
La justicia, por supuesto, es muy lenta y cuando empezaron los juicios, en 2006-2007, parecía que los sobrevivientes éramos los acusados con las autoridades judiciales. Después de los primeros fallos, ya cambia la relación y ahí nos consideran víctimas.
En suma, la finalidad de este archivo popular de la memoria es recuperar los archivos.Porque los archivos existen y el Estado, que es responsable, se niega a ubicarlos y decirnos dónde están. Hay muchos ejemplos. La AFI [Agencia Federal de Inteligencia] encontró, después de cuarenta y pico de años, documentación enfrente de la Casa Rosada, donde era la SIDE. Una funcionaria, Cristina Caamaño, que duró muy poco, encontró un bibliorato con nombres de compañeras y compañeros que estaban siendo perseguidos para ser asesinados. Son más de 500 nombres, muchos de ellos en el exterior y algunos han caído, han sido secuestrados y asesinados. Ese archivo estaba ahí, frente a la Casa de Gobierno. Ahí había tres biblioratos, tres escritorios metálicos –de un total de 11, quedaban esos 3–, hay fotos de eso. En esos tres biblioratos hay 250.000 fichas de todo tipo, incluso posteriores en el tiempo, con seguimientos, por ejemplo, a Norita Cortiñas y a organismos de DDHH Cuando le dijimos a Norita, ella nos responde: «Pero yo no quiero saber lo que hice y dónde estuve, porque eso ya lo sé; lo que quiero saber es el destino de mi hijo».
Entonces conseguir esos archivos tiene otra finalidad, que es la de reparación: que las madres y los familiares puedan tener un lugar donde dar su testimonio, y así poder tener un juicio. Es lo mínimo que se puede pedir y sabemos que estas son falencias del Estado. Mejor dicho, en algunos casos son falencias, en otros son complicidades. Fundamentalmente, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las leyes de Indulto, paralizaron todo esto durante 20 años. En esos 20 años murieron sobrevivientes, murieron las madres, murieron un montón de compañeros, familiares, testigos.
VyS: Carlos, una parte de la tarea que realizan sería asegurarse el testimonio de los sobrevivientes y recuperar todo esto. Y otra parte sería tratar de encontrar, apropiarse y rescatar, lo que el Estado todavía esconde, ¿es así?
CL: Exactamente. Nosotros presentamos, hace como dos años, un escrito al Presidente Alberto Fernández y él se lo derivó al Secretario de DDHH, Horacio Pietragalla. Entonces el Secretario de DDHH nos respondió con lo que hay en el Archivo Nacional de la Memoria, que en gran parte son los testimonios que nosotros mismos hemos dado. Y nosotros buscamos otra cosa, no lo que dijimos porque eso ya lo sabemos. Insistimos en que no era eso lo que nosotros estábamos solicitando y nos derivaron a la AFI. Ahí tuvimos una reunión con Caamaño y otros que trabajan allí, nos dijeron que estaban interesados en reconstruir esa información y les preguntamos cómo era posible que a menos de cincuenta metros de la Casa Rosada, cruzando la calle, se encontrara, más de 40 años después, un bibliorato con información sobre personas que el Estado perseguía. ¿Quién estaba antes de Caamaño? Agustín Rossi, candidato a vicepresidente en la fórmula con Sergio Massa.
Rossi no sólo nunca encontró nada, sino que nos enteramos de que faltan los 10 archivos metálicos que no se sabe adónde fueron a parar ni quién se los llevó. Obviamente no es algo que se puede extraviar: es una cosa voluminosa, repleta de información, que no se puede mover sin que nadie se dé cuenta.
VyS: ¿Quiénes están en esta búsqueda de los archivos que esconde el Estado, que se complementa con la construcción de un archivo popular de la memoria?
CL: Estamos los sobrevivientes, las hermanas y hermanos, familiares, madres y militantes de DDHH, todos relacionados de alguna u otra manera. Algunos son de Nietes, también, que están contribuyendo. Y se han ofrecido muchísimas compañeras y compañeros para trabajar en la reconstrucción de esta memoria. Porque la apertura de los archivos, además de recuperar el destino de nuestros compañeros, nos permitirá rescatar su vida militante: cuál era su práctica social, su práctica política, su militancia, cómo la llevaban a cabo, cuáles eran sus objetivos. Nosotros no queremos simplemente recordar cadáveres y desaparecidos. Nosotros queremos recuperar su historia, su vida, para que sirva de ejemplo y nunca más pase lo que pasó con esa generación.
Y este es el momento más indicado para esa tarea, cuando el discurso derechista y genocida quiere volver a instalarse, de la mano de funcionarios de ultraderecha recién llegados y de otros, que ya estaban y también son de ultraderecha, como el espacio de [Mauricio] Macri y [Patricia] Bullrich. Todos ellos quieren dar por cerrado el asunto. O como dijo Alberto Fernández que había que hacer: «dar vuelta la página». Nosotros no queremos dar vuelta ninguna página. Queremos saber y contar cómo eran las relaciones que tenían los compañeros en el trabajo, en el territorio, en las universidades y escuelas secundarias, en las parroquias, en los lugares donde militaba nuestro pueblo para cambiar la realidad.
Otro objetivo que tenemos es recuperar la identidad de tantos y tantos compañeros. Hay más de 350 hijos e hijas apropiados por la dictadura. Queremos conocer su destino y no es tan difícil conseguir esa información: simplemente hay que tener el listado de gente que nació en esa época, en vez de citar a cada uno a la Plaza de Mayo para hacerle un test de identidad.
Queremos construir una narrativa que sirva para abordar la complejidad de todo ese proceso, para ver cómo fue el hilo conductor de la represión, qué fases tuvo ese proceso desde su origen: las amenazas, las pintadas, la estigmatización…
VyS: Eso te queríamos preguntar, porque el archivo que quieren reconstruir no arranca el 24 de marzo del 1976…
CL: No. Arrancamos desde el 74. Precisamente los gobiernos de tinte justicialista trataban de evitar ese corte histórico, porque ellos fueron totalmente cómplices y, en algunos casos, autores de ese genocidio, que fue instalado desde lo más alto del poder en el año 74 hasta 1983.
Eso sin olvidar que hay un hecho fundacional, por lo menos durante el siglo XX: los bombardeos a la Plaza de Mayo en 1955. Tener este hecho presente es importante para salir al cruce de los discursos que plantean que la represión comenzó como respuesta a la aparición de la guerrilla en Argentina a fines de los años 60, principios de los 70. Estos discursos desconocen completamente que gobiernos surgidos del voto popular fueron desplazados por diferentes dictaduras. El bombardeo de junio del 55 dejó aproximadamente 400 muertos y más de mil heridos, o sea que se trató de uno de los actos terroristas más salvajes que conocemos, comparable al bombardeo de Guernica en abril del 37. Ese hecho, producido por la Armada, muestra que si no se castiga a los responsables todo vuelve a ocurrir: el ministro de marina era Aníbal Olivieri; su secretario, Emilio Masera; su auxiliar, Oscar Montes. Entonces, si pudieron bombardear una plaza en pleno centro, matar a 400 personas y que no pasara nada, ¿por qué no iban a hacer algo mucho peor 20 años después?
VyS: ¿Y cuáles serían los pasos para la construcción de este archivo? ¿Qué se hace ahora, qué están pensando hacer?
CL: Lo que ya estamos haciendo es identificar, fundamentalmente. Nos estamos orientando hacia el movimiento obrero, porque también hay otros grupos que están y con los que ya hemos hablado para coordinar esfuerzos. Por ejemplo, las ligas agrarias, los movimientos territoriales y el movimiento estudiantil. Pero nosotros queremos mostrar cómo se beneficiaron algunas empresas, por ejemplo, Acindar o Techint, las automotrices, los grupos económicos y los bancos, que son los que se beneficiaron con el endeudamiento y la estatización de la deuda. Además tenemos un fallo del año 2000 [por el juez Jorge Ballesteros], que declaró esa deuda ilegítima, ilegal y fraudulenta. Sin embargo, la comisión bicameral de seguimiento de la deuda externa no pudo sentarse a ver cómo van a investigar. Entonces nosotros les vamos a enseñar cómo investigar. Si ellos no están dispuestos a hacerlo, conocemos los grupos económicos, conocemos su participación en la represión y este hilo conductor nace en 1974.
Estamos en la parte práctica de la investigación. Hay infinidad de trabajos académicos, territoriales, de familiares. En casi todo el país hay listados de compañeros que han sido desaparecidos.
VyS: Si el Estado por un lado esconde los archivos y por otro tiene un discurso que pareciera presentar fisuras, ¿no han encontrado ustedes algo en todo ese entramado que les abra las puertas, que les entregue documentación?
CL: Una persona en Santa Fe encontró un montón de archivos en un altillo. Se lo llevó a la justicia de Santa Fe y nunca más apareció esa documentación, no se sabe por qué. Lo que el Estado tiene como una referencia es algo que nosotros utilizamos: el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), donde hay alrededor de 9.800 casos, que son los que surgen de los juicios que se realizaron, de los legajos de la Conadep que pasaron a la Secretaría de DDHH cuando se disolvió. Pero ahí no aparece la identidad social y política de los compañeros. Aparecen datos importantes pero no los que queremos reconstruir para que se imite el ejemplo, que fue el más avanzado en la historia argentina: un agrupamiento de las bases con lineamientos políticos de izquierda.
Nosotros hacemos esto porque tenemos la necesidad de explicar esa historia de otra manera, como se debió haber explicado desde el comienzo. Si se hubiera contado así, habríamos evitado los 20 años de parate. 20 años, desde 1986 hasta 2006, en los que se cerró todo y no se investigó nada. Y eso tiene cómplices: el PJ y los radicales.
NOTAS:
1 «En la dictadura, los Kirchner sólo hicieron plata», publicado el 23 de septiembre de 2010 en La Política Online.
2 «¿Qué hicieron cada 24 de Marzo, Néstor, Cristina y Alicia en Santa Cruz por la Memoria, Verdad y Justicia?», publicada el 23 de marzo de 2023 por OPI Santa Cruz.
3 Esta es la continuación de otra nota, que ya publicamos: «La ESMA y el negacionismo peronista: entrevistamos a Carlos Loza», el 28 de septiembre de 2023.
