Algunos de los términos que elegimos para delimitarnos y polemizar con otros compañeros sobre nuestra estrategia suelen generar controversia entre nuestros interlocutores. No tanto porque sean incorrectos como por el hecho de que lastiman cierto imaginario muy arraigado en la izquierda. Uno de esos términos es «cartoneros de la ciencia»1. Con esta expresión queremos señalar que, en términos generales, los militantes socialistas estamos incapacitados por nuestro lugar en la producción para producir ciencia.
Que no se nos malinterprete. No decimos que no pueda haber militantes socialistas que sean, además, científicos. Existen obreros socialistas que producen armas como asalariados en fábricas, pero no pueden llevárselas ni definir las características de esas armas, como tampoco pueden evitar que sean usadas contra sus hermanos de clase, o contra ellos mismos. No ser dueños del producto que producimos es una característica fundamental del trabajo asalariado. Otro aspecto clave está cifrado en el concepto de subsunción real2: al vender la fuerza de trabajo sucede que, constante y crecientemente, el conocimiento sobre la producción se transfiere a las máquinas. Es así desde el telar mecánico hasta la inteligencia artificial. De manera que ni el producto ni el saber sobre su producción están en nuestras manos. No son «nuestros»3.
En un sentido abstracto, disponemos colectivamente de todo ese conocimiento. Pero, mientras nos encontremos fragmentados y luchando por la unidad de la clase obrera, no disponemos efectivamente del saber que producimos. Claro que, en algún momento, podríamos obtener armas y emplearlas. Incluso podríamos, muy artesanalmente, hacerles alguna pequeña modificación. Pero ni una cosa ni la otra alterarían el destino, la marcha y los objetivos de la industria armamentística, así como los cartones y papeles que encontramos revolviendo la ciencia para nuestras tareas militantes no cambian el desarrollo de la ciencia existente, orientada por la acumulación y la competencia.
Sin embargo, hay corrientes políticas en la izquierda pretendidamente marxista que consideran posible lo que para nosotros es imposible: torcer, con perspectiva socialista, un aspecto del capitalismo sin cambiar de raíz la estructura social fundada en la propiedad privada de los medios de producción.
Los espías
Durante octubre de este año aparecieron dos noticias que muestra claramente esos límites. Una fue publicada en Foreign Affairs y su asombroso descaro nos ayuda mucho a sostener nuestro planteo. La nota se titula «El caso del espionaje económico» y su extrovertido subtítulo fomenta: «Estados Unidos debería espiar a empresas extranjeras para ayudar a las suyas». Dice el artículo:
En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las innovaciones clave desarrolladas por contratistas gubernamentales –misiles balísticos, armas nucleares y tecnología furtiva– no tenían mercado comercial. Además, las nuevas tecnologías que finalmente transformaron las economías de EE.UU. y del mundo, incluyendo sistemas de información seguros, satélites de comunicaciones y reconocimiento, motores a reacción, circuitos integrados y ordenadores digitales, fueron inicialmente viables solo por la demanda gubernamental, no por la comercialización. Como resultado, las agencias de inteligencia estadounidenses podían y a menudo lo hacían para proporcionar a los contratistas información secreta para impulsar el desarrollo, con poco riesgo de que mejoraran las perspectivas comerciales de las empresas. La inteligencia técnica recopilada sobre las capacidades soviéticas de misiles antibalísticos, por ejemplo, ayudó a contratistas comerciales a diseñar misiles balísticos estadounidenses capaces de derrotar las defensas soviéticas. Pero estas innovaciones no tenían aplicación comercial.
Hoy en día, en cambio, el trabajo de defensa e inteligencia depende profundamente de tecnologías de doble uso que producen las empresas comerciales. Esto es cierto en áreas como la computación cuántica, la biotecnología, los semiconductores, la energía de próxima generación, las baterías, el almacenamiento, las comunicaciones móviles 6G y la computación de alto rendimiento. Consideremos los modelos de IA pioneros que han sido desarrollados por laboratorios comerciales financiados privadamente. Son esenciales para la seguridad nacional para fines como el reconocimiento de objetivos, la coordinación de enjambres de drones, el análisis de inteligencia y la ciberguerra, pero los mismos o similares modelos ya son utilizados por empresas y consumidores en toda la economía general, mejorando la eficiencia y la productividad personal. Los sensores cuánticos proporcionan relojes atómicos y seguimiento inercial para submarinos, aeronaves y satélites, mientras que la misma tecnología se utiliza para localizar yacimientos de petróleo y gas. Y las innovaciones en bioingeniería prometen proporcionar una biodefensa localizada —la capacidad de detectar una amenaza biológica y desplegar rápidamente una contramedida personalizada— incluso cuando se utilizan para producir nuevos medicamentos, terapias médicas y cultivos resistentes a la sequía.4
Algunos párrafos antes, el texto observa la ventaja que no espiar supone para los rivales que sí lo hacen:
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales registró 224 incidentes de espionaje patrocinado por China contra Estados Unidos ocurridos entre 2000 y 2023, de los cuales más de la mitad se dirigieron a tecnologías comerciales. Invariablemente, el objetivo de este tipo de espionaje es ayudar a sectores clave del país espionaje a replicar o superar rápidamente los avances estadounidenses. Como dijo memorablemente el exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional Keith Alexander, el ciberrobo de tecnologías estadounidenses equivale a “la mayor transferencia de riqueza de la historia.
La conclusión es, por decirlo de algún modo, desacomplejada:
Para equilibrar la balanza, Estados Unidos debería permitir que las agencias de inteligencia estadounidenses no solo recopilaran secretos comerciales de empresas extranjeras, sino también que la entregaran donde pueda tener mayor impacto: a las empresas que producen las tecnologías de vanguardia que serán vitales para la seguridad nacional estadounidense en los próximos años. En septiembre, la administración Trump pareció dar un paso en esta dirección al revelar que la CIA y otras agencias de inteligencia habían comenzado a ampliar sus esfuerzos de espionaje de larga data contra China, incluida la industria china.
La ciencia ha sufrido una expansión descomunal en los últimos siglos. No porque, de pronto, la evolución de los seres humanos se haya encontrado con un voraz apetito de saber. Sino porque el sistema social imperante confía en la aplicación tecnológica de esos conocimientos como llave maestra para ganar en la competencia entre capitales. Como hemos visto en varias ocasiones y con respecto a diferentes ramas de la producción, la competencia es la ley primordial de la dinámica social capitalista5. Por eso, para quienes adscriben a las teorías del monopolio (como toda la izquierda hegemonizada por el trotskismo), este mundo tal como funciona resulta oscuro y confuso. Pero el problema no es del mundo, sino de los lentes con que se lo observa6.
Claro que, si la ciencia y el conocimiento constituyen la vía para la lucha competitiva por acumular capital, entonces hay una tensión inevitable e irresoluble dentro de esta estructura social. Esa tensión se resume así: por un lado, la expansión del saber y su carácter universal, es decir compartido, provoca una sinergia favorable al conjunto de los competidores; por otro, el carácter privado, decisivo para el éxito en la competencia, exige el respeto por la propiedad intelectual, el ocultamiento de información bajo el paraguas del «secreto industrial», el engaño a los demás competidores… y el espionaje.
Las patentes
Las leyes de patentes, la protección de la propiedad privada intelectual, surgidas con el capitalismo y el ascenso de la burguesía, nos muestran que vale la pena retener y esconder ese conocimiento mientras otorga una ventaja competitiva. Luego, la dinámica general de la sociedad y la interdependencia económica transforman ese saber en algo común y compartido. Este ciclo se da por finalizado una vez que se obtuvo la ventaja y los beneficios justificaron la inversión inicial.
Los residuales conocimientos a los que nosotros, militantes socialistas, podemos acceder –de ahí el mote autoinfligido de cartoneros de la ciencia– están estructuralmente en el extremo opuesto de la actividad científica. La ciencia se ha vuelto tan dinámica y explosiva en los últimos siglos, que sólo puede ejercitarse de manera colectiva, exclusiva y financiada.
Colectiva: un ser humano que conoce la frontera entre lo conocido y lo desconocido en cualquier campo específico, ignora ese mismo límite en casi todos lo demás campos. Por eso necesita contar con la colaboración de otros especialistas en tareas de equipo para avanzar al ritmo social medio. Exclusiva: hacer ciencia requiere una costosa formación específica y una dedicación completa como científico. Los científicos realmente existentes sólo de manera excepcional pueden desarrollar, en condiciones de pluriempleo, la complejidad y los estándares internacionales de una tarea tan absorbente. Financiada: la investigación científica implica una renta para la dedicación plena a las tareas y el cumplimiento de los objetivos planificados.
Esas características imponen que, por definición, en el capitalismo la ciencia sea ajena a la clase obrera como clase, aunque existan obreros científicos que participen colectivamente en su desarrollo. Ajeno a la clase obrera como clase significa que con la ciencia pasa lo mismo que con el resto de los productos que fabrica una sociedad capitalista: no son de quienes los hacen, no son de quienes saben hacerlos, son de quienes pagan para que se fabriquen. Nos referimos a los burgueses, que no sólo son dueños del resultado de la actividad científica, sino también del proyecto que la orienta.El capitalista es dueño de la investigación, dueño de sus productos y decide qué se investiga y qué no. Obviamente, no lo hace en función el bien común, sino de la acumulación de capital. Tampoco lo hace porque sus características morales (como la crueldad, el odio o la maldad) se lo impongan: lo impone la dinámica social del capitalismo.
Si el saber y el conocimiento, si las herramientas para solucionar los problemas de la humanidad, no estuvieran sometidas a la lógica de la propiedad privada y la competencia por acumular, entonces no habría razón para luchar por el socialismo. Alcanzaría con la fantasía progresista de la expansión indefinida del conocimiento para mejorar el mundo.
Pero, como vimos en el artículo de Foreign Affairs, la burguesía admite con descaro que la apropiación privada –aún por vías ilegales– es más importante que las leyes de la competencia. Que no le importa el conocimiento, sino la propiedad y el apalancamiento competitivo que ese conocimiento privado permite.
Creer, con la mejor buena voluntad, que el conocimiento parcial y el bien de la humanidad pueden reencontrarse por fuera de esta lógica mercantil capitalista y enfrentársele, es absurdo7.
El Estado
20 días después de que Foreign Affairs publicara el artículo que reseñamos arriba, el portal Bichos de campo subió esta publicación: «El INTA exoneró finalmente a Virginia Aparicio, investigadora del proyecto SPRINT que estudió la presencia de agroquímicos en personas». Desconocemos los detalles del caso. Nos interesa aquí destacar la lógica de la acusación contra la Dra. Virginia Aparicio, porque circunscribe con nitidez la imposibilidad que nos obliga a ser «cartoneros de la ciencia»:
Finalmente, el Consejo Directivo del INTA exoneró este lunes a Virginia Aparicio, la investigadora de la Unidad Integrada Balcarce que coordinó en la Argentina el proyecto SPRINT y midió residuos de agroquímicos en el ambiente y en el cuerpo de voluntarios.
Se trata de la sanción más grave que prevé el empleo público nacional y la deja fuera del INTA y del sector público. La medida figura en la resolución 366 del organismo, fechada este mismo lunes, y basada en lo tratado en la reunión del 27 de agosto por la Comisión Directiva del organismo, que dio por concluido el sumario abierto en diciembre de 2023. Su artículo 11 dispone textualmente: «Aplícase a la agente Virginia Carolina APARICIO (Legajo N° 17.205) la sanción de EXONERACIÓN por la violación comprobada de las prohibiciones del artículo 24, incisos e) e i)» de la ley marco de empleo público. […]
De acuerdo a la resolución, el inciso e) prohíbe usar las facultades del cargo para fines ajenos a la función, y el Consejo Directivo lo aplica a la relación de Aparicio con José Luis Costa, un investigador retirado del INTA. Según la resolución, «COSTA integraba el grupo familiar de APARICIO en calidad de conviviente», algo que el organismo da por probado con las declaraciones juradas del legajo de la investigadora, que registran una unión de hecho desde septiembre de 2005.
El texto sostiene que la coordinadora «empleó sus prerrogativas de coordinación para conferir a su conviviente una posición particular de participación, conducción fáctica e inspección de datos reservados, sin autorización del INTA, sin formalización por el órgano decisor del Consorcio ni exteriorización específica del conflicto que permitiera su evaluación independiente». Agrega que Costa «se encontraba retirado del INTA y carecía de vínculo institucional vigente», aunque el documento de información entregado a los voluntarios lo incluía, junto con Aparicio y otro investigador del equipo, entre las personas habilitadas para inspeccionar datos incluso sin codificar.
También, el inciso i) castiga el uso indebido del patrimonio estatal y se apoya en el manejo de los fondos europeos, que ingresaron a la contabilidad del INTA. […]
Explica que igual corresponde sancionar porque la prohibición «comprende la utilización indebida de bienes y recursos públicos como supuesto autónomo, sin requerir necesariamente la producción de un perjuicio fiscal, su apropiación, obtención de un beneficio personal o destino a fines particulares».
La decisión de centralizar los análisis en el exterior, concluye, fue «adoptada e impulsada por la sumariada APARICIO sin contar con la autorización institucional exigible». Reconoce además la «ausencia de beneficio económico acreditado» y de antecedentes disciplinarios, pero afirma que esas circunstancias «no permiten atenuar la relevancia de la falta cometida».
La lista de reproches es más larga. El Consejo Directivo le atribuye haber reemplazado al comité de ética previsto en el acuerdo de subvención por el del Programa Temático Interdisciplinario en Bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sin pasar por los órganos del INTA. Señala diferencias entre el protocolo, que preveía 72 participantes repartidos en tres grupos de 24, y la presentación de junio de 2023, que habla de 20 productores, 28 vecinos y 25 consumidores.
Aparicio había planteado la nulidad del sumario, además de indefensión y trato discriminatorio. El Consejo Directivo rechazó el pedido «por no verificarse el incumplimiento del procedimiento y haberse garantizado el ejercicio de la defensa con asistencia letrada». También respondió al argumento de que la coordinadora general del consorcio, Violette Geissen, conocía y avalaba el esquema: ese conocimiento o conformidad operativa, dice, «resultaban insuficientes para formalizar esas decisiones».
La resolución incluye además un párrafo sobre los resultados. Cita un documento del propio proyecto SPRINT (el entregable D2.4, publicado el 28 de febrero de 2023), según el cual «ninguna de las ingestas calculadas superó la ingesta diaria admisible de referencia en los grupos estudiados» de glifosato. Agrega que los autores consideraron que los niveles estimados «no deberían representar un riesgo potencial para la salud según ese criterio», y que advirtieron que los datos de salud disponibles no eran adecuados para un análisis epidemiológico.
El sumario alcanzó a otros trece agentes. El director de la EEA Balcarce, Facundo Quiroz, recibió quince días de suspensión, y Eduardo De Gerónimo, veinticinco. Los demás quedaron eximidos, entre ellos Horacio Berger, que había sido vinculado en calidad de imputado y que días atrás, como director del Centro Regional Buenos Aires Sur, le escribió al Concejo Deliberante de Balcarce para marcar distancia del trabajo de Aparicio.
La resolución ordena además comunicar los hechos a la Oficina Anticorrupción «ante la eventual configuración de delitos de acción pública» y pide a la Dirección Nacional un informe sobre la liquidación del acuerdo de subvención «a efectos de determinar si resulta procedente la apertura de un procedimiento de responsabilidad patrimonial».
El conflicto viene de lejos. El INTA aprobó su participación en SPRINT, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Wageningen, en mayo de 2020. El 15 de junio de 2023 le ordenó a Aparicio suspender la reunión en la que iba a presentar los datos, una medida que la resolución define hoy como «diligencias preventivas».
El 7 de diciembre de 2023 el Consejo Directivo dispuso la salida del proyecto (Resolución 1081) y ese mismo día ordenó el sumario (Resolución 1082). «Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA», le dijo Aparicio a Bichos de Campo cuando se conoció que el expediente proponía su exoneración. Antes de esta resolución había dicho que la sanción «significa quitarme la identidad científica».
El 15 de octubre presentó, a título personal, los resultados de sus mediciones en el Concejo Deliberante de Balcarce. En paralelo, APINTA y ATE Conicet impulsaban un formulario con la consigna «No a la exoneración de Virginia Aparicio».
Soterremos la indignación que nos produce el despido y tratemos de pensar. Porque la directiva del INTA (representación del Estado, un Estado que es, a su vez, representación genérica de la clase burguesa) aclara que no hubo lucro ni daño fiscal. ¿Entonces por qué se exonera a la Dra. Aparicio? Por haber utilizado y decidido por su cuenta el destino de una información que no era de su propiedad, sino que era propiedad del Estado.
Para esta resolución no cabe ninguna duda de que el Estado no es «de todos» ni vela por el bien común. Sino que es el administrador general de los negocios burgueses. Desde ese lugar se aplica la sanción.
El conocimiento producido por el Estado, igual que el producido por las empresas privadas, no es un bien público excepto si llega el momento en que resulta poco relevante para la competencia. Es cierto que, de vez en cuando, un individuo apasionado y heroico –como Virginia Aparicio– puede ejecutar una maniobra de este tipo y, eventualmente, aportar algún tipo de conocimiento que sea contrario a los intereses de la burguesía. Pero, como salta a la vista, el costo es altísimo y desarticula, a largo plazo, la lucha por la unidad de los trabajadores: «Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA».
Es importante prestar atención a todas las fechas, no sólo la de la exoneración. Observemos cuándo se le comunicó a la Dra. Aparicio la suspensión de SPRINT, luego la salida de éste y, simultáneamente, el comienzo del sumario: 15 de junio y 7 de diciembre de 2023.
Estado presente, sí. Pero Estado burgués.
NOTAS:
1 Los compañeros Ramiro Cartelli y Felipe León, del SICAR, ofrecieron un ejemplo ilustrativo de esa crítica en su artículo «La acción revolucionaria no es una palabra: respuesta a Vida y Socialismo», publicado en enero de 2026. La primera vez que nos atribuimos el término «cartoneros de la ciencia» fue en el editorial #13, «Una larga travesía en el desierto (Síntesis de dos años cumplidos)», publicado el 7 de diciembre de 2024. La última, hasta ahora, en el editorial #22, «Como en los 90, pero peor (De la cercanía con la URSS a la cercanía con el nacionalismo)», publicado el 6 de junio de 2026.
2 Desarrollamos la utilidad de este concepto para explicar fenómenos cotidianos varias notas. Por ejemplo: a) «Escolares cada vez más brutos, robots cada vez más piolas»; b) «CINE: Una de esas mercancías que nos resistimos a ver como mercancía»; c) «La pobreza incalculada, 2: Subsunción real y degradación cognitiva».
3 Por eso la consigna peronista «La patria no se vende» sólo tiene sentido para los dueños de «la patria»: los burgueses que controlan este espacio de acumulación capitalista llamado «Argentina». Idénticas razones vuelven antimarxista la consigna del trotskismo «El agua no se vende». Hablamos de los dos temas en estos dos artículos: «“La patria no se vende” porque la atienden sus propios dueños» y «El agua y la mercancía: Cómo el progresismo sustituye la verdad por lo agradable».
4 David S. Cohen, «Argumentos a favor del espionaje económico», nota publicada en Foreign Affairs el 8 de octubre de 2026.
5 Lo hemos visto, por ejemplo, en la industria farmacéutica: «Inmunidad para los laboratorios: ¿soberanía o capitalismo?»; en las empresas tecnológicas: «Monopolios y Estado burgués: el proceso contra Google y los disensos entre capitalistas»; en el espectáculo deportivo de masas: «Mundial de Arabia: ¿Identidad y tradición? ¿O competencia mercantil?» o «Infantino quiso vender el Mundial… y ya lo habían comprado»; en el mercado de plataformas y estudios cinematográficos: «Cine III: Cuando acecha el monopolio (O cómo explicar el capitalismo a partir de la maldad)»; en el mercado de IA generativa: «La Champions League del capital: Apple, Microsoft, Nvidia y la IA generativa».
6 Rolando Astarita nos brindó un ciclo de formación en base a la crítica de la teoría del monopolio, de la teoría del imperialismo y de la corriente de la dependencia, que conforman el marco teórica general de la izquierda hegemonizada por el trotskismo. Es ciclo puede escucharse aquí.
7 El mismo absurdo que proponen las actividades culturales y artísticas de «resistencia». Algunas agrupaciones convierte en absurdo en su estrategia política: «Farmear Aura: la militancia del Nuevo MAS». Pero se trata de una perspectiva que atraviesa a toda la izquierda hegemonizada por el trotskismo. Véase: «Resistiendo con aguante (El ocaso de la resistencia)» y «Contra la cultura de izquierda. Por una militancia socialista».
Aún no he leído el artículo, pero como hacéis una nota donde indicáis que fue en vustra editorial Nº 13, donde utilizáisteis dicha exprsión. Me ha chocado que confundías treceavo con decimo tercero…
Un saludo