En estas semanas hemos visto, a nuestro alrededor y en los medios, miles de despidos de trabajadores en diversas dependencias del Estado burgués.
La motosierra del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, impactó de lleno esta semana en los organismos públicos. El desguace en los recursos humanos del Estado se cristalizó con toda su potencia, ya no solo sobre los últimos contratos que firmó la administración de Alberto Fernández, sino que también alcanza a empleados públicos de décadas de carrera en organismos ejecutivos que, desgraciadamente, nunca resolvieron la precariedad laboral.
En ese marco, las escenas que se viven en las dependencias públicas son dantescas y tristes, según relatan trabajadores y delegados. Los momentos más duros se dan, cuentan, cuando reciben los mails con la notificación oficial de que no se les renovará el contrato, cuando intentan entrar a su lugar de trabajo y son rebotados por los tótems de fichaje o cuando los que todavía no fueron alcanzados por la motosierra ven cómo a su alrededor están vacíos los lugares que durante años cubrieron tareas administrativas de diversa relevancia.
Al repasar el testimonio de los despedidos y las descripciones de las tareas que realizaban, una conclusión que surge con inmediatez es que la mayoría de los despedidos están lejos de ser ñoquis.1
Esta descripción es muy precisa e informada. Es muy importante leerla con detenimiento, leerla completa y reflexionar. No se trata de un mérito particular de Perfil, salvo el de articularlo en pocas líneas, pero los demás medios periodísticos reflejan la situación de la misma manera. Por ejemplo, El Cronista:
…tanto en el Servicio Meteorológico como en el IGN, se trata de profesionales con estudios muy específicos que difícilmente puedan ser suplantados. De hecho, en años anteriores ya habían tenido dificultad a la hora de cubrir vacantes por los requerimientos técnicos necesarios. Hasta señalaban que se trabaja por debajo de la dotación adecuada para la funcionalidad de estos organismos. En el cuerpo central del Ministerio de Defensa propiamente dicho, ya son 20 los contratos desafectados.2
Incluso el órgano oficioso del kirchnerismo:
…este desguace significa en los hechos que hay áreas enteras que dejan de funcionar (las oficinas de Anses o de Desarrollo Social en puntos territoriales clave, absolutamente todas las delegaciones provinciales del Enacom, entre otras). Que hay otras que quedan con serias dificultades para cumplir la tarea que les da sentido (las bajas de los famosos “artículo 9” -de la ley de empleo público 25.164-, o “resolución 48”, contratos “a plazo fijo” que se siguen renovando anualmente gestión tras gestión, y que nunca fueron transformados en empleos formales, abarcan a muchas personas con décadas de experiencia en lugares clave).3
Sin embargo, algo sucede con la lectura de estas noticias. Se menciona de ellas lo que hace Milei, pero se habla poco de la preparación de las condiciones para que pueda hacerlo. Milei no es todopoderoso. Ni mucho menos. Los trabajadores de planta del Estado tienen estabilidad, pero la mayoría de ellos está precarizada por el más grande precarizador del país: el Estado burgués. Ese Estado que, para unos cuantos, supuestamente debería provocar identificación o un llamado a la defensa unánime. Pero no. Los medios compiten para ver quién defiende más al Estado negrero, aunque Perfil se lleva las palmas al afirmar que se deja sin trabajo “a empleados públicos de décadas de carrera en organismos ejecutivos que, desgraciadamente, nunca resolvieron la precariedad laboral”. Esto es verdadera crueldad: para Perfil, son los trabajadores los que no resolvieron su precariedad, no el Estado gestionado por distintos gobiernos burgueses, mayormente el peronismo, el que sometió a los trabajadores a esta situación.
Página/12 expone con crudeza la situación contradictoria cuando reproduce las historias personales de los afectados:
En mi caso, hace ocho años que estoy en la Encuesta de indicadores laborales, y últimamente estaba como contratada artículo 9. Es la realidad de la mayoría de los despedidos. Es un ataque a nosotras como trabajadoras, y también a los programas que llevábamos adelante. Nosotras relevábamos a partir de la encuesta, la evolución del empleo registrado, las altas, bajas, las búsquedas de personal. Es un dato que al gobierno no le interesa: cuál es la realidad de los trabajadores y trabajadoras de Mar del Plata, una ciudad que tiene mucha precarización laboral y que la inmensa mayoría somos las mujeres. Los funcionarios de Techint se hicieron cargo a nivel nacional de la Secretaría de Trabajo, para hacer estas listas de despedidos, y desarticular las tareas que veníamos realizando, que tienen que ver con inserción laboral, programas hacia las mujeres víctimas de violencia de género, la problemática laboral, para que no haya empleo no registrado, para evitar el trabajo infantil, la trata.4
Increíblemente, los que relevaban la evolución del empleo desde el Estado estaban contratados desde hacía años por ese mismo Estado… Pero el problema es Techint, es hoy, es ahora…
Daniela Frencia, Delegada General de la junta interna de ATE Trabajo, subraya: «Este golpe durísimo, está vinculado al objetivo estratégico que tiene el gobierno –y concretamente el grupo Techint. […] en esta pelea se tienen que involucrar todos los sectores de laburantes, todas las centrales sindicales, porque lo que se pone en juego no son solamente los puestos de trabajo de nuestros compañeros, sino las políticas de empleo, de regulación del trabajo que consagran derechos y conquistas históricas».
Otra vez Techint, otra vez las conquistas históricas que recién ahora están amenazadas, pero todos estaban precarizados desde antes. A pesar de que cada uno expone que realiza un trabajo importante. Entonces nos preguntamos: ¿por qué estaban contratados, años y años y años contratados?
Hace 15 años Luján trabajaba en la Agencia Territorial La Plata, del Ministerio de Trabajo de la Nación. «Esta no renovación del contrato significa no solo haberme quedado sin trabajo, sino sin la posibilidad de pagar un alquiler, ya que soy separada, tengo dos hijos, en septiembre del año pasado me diagnosticaron cáncer, por lo que el 3 de enero me hicieron una operación múltiple de mama. Actualmente estoy cursando un tratamiento oncológico. Perdí mi estabilidad, no sé dónde voy a vivir, ni cómo voy a hacer, porque el tratamiento implica días que no puedo trabajar. Tenemos pensado realizar un pedido para que se pueda rever mi situación médica, y como última instancia hacerlo vía judicial si es necesario».
Quince años, casi cuatro mandatos presidenciales, trabajando contratada. Padeciendo una enfermedad grave. Pero contratada.
Verónica Soto es trabajadora despedida del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. «Hemos sufrido la baja de 31 compañeros del Instituto, de los cuales el 80% somos mujeres, trabajadoras del sector que, en mi caso, tenemos ahí 14 años. Hay compañeras que hace más de 20 años vienen desarrollando la tarea de acompañar al sector de la agricultura familiar, al campesinado y los pueblos originarios en lo que es la producción de alimentos saludables en armonía con el medio ambiente, tendiendo a promover la soberanía alimentaria».
Catorce años algunas, otras veinte años.
Mariana Gerardi Davico, trabajadora de la SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), la Negrita, también recibió el golpe: «Mis tareas en estos 14 años fueron bien variadas y hermosas. Nuestro trabajo era el acompañamiento a familias que tienen niñas y niños de cero a cuatro años y personas gestantes. […] 74 compañeres del Programa Nacional Primeros Años, de un total de 200, recibieron la información de la no renovación de su contrato».
Un acompañamiento imprescindible pero que no ameritó la estabilidad, sino contratos. Otro caso, por muchos motivos paradigmático, es el de Roberto Casazza:
Entre los 120 desvinculados de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM) en las vísperas de Semana Santa, se encuentra el profesor e investigador Roberto Casazza (Buenos Aires, 1968), docente de Historia de la Filosofía y del Renacimiento en la Universidad Nacional de Rosario, donde se doctoró en Humanidades con orientación en Filosofía. Tenía 28 años cuando empezó a trabajar en la BNMM, en 1997, durante la gestión de Oscar Sbarra Mitre, hasta que el miércoles de la semana anterior recibió el mail de «desvinculación». […]
Cazassa tiene ahora 55 años y, por su formación, experiencia y lo mucho que invirtió el Estado argentino en su desarrollo profesional, es claro que con su alejamiento la institución perdería una herramienta valiosa e irremplazable. […] «…hasta el miércoles pasado desarrollé decenas de proyectos, creciendo profesionalmente y también aportando a la institución. Ahora advierto que nunca fuimos empleados firmes del Estado, sino solo de planta transitoria, aunque el recibo de sueldo, de validez legal, nos daba sensación de estabilidad».
Lo que cuenta Casazza se inscribe en un proceso más amplio. Tradicionalmente, los puestos de planta transitoria en espacios autárquicos como la BNMM se crean, gestión a gestión, en diálogo entre autoridades y gremios. […] «Entiendo que en la BNMM no hay ñoquis, hace tiempo que ese aspecto está cuidado –dice Casazza a LA NACION–. Según mi impresión, todos los despedidos estábamos muy atentos y cumplíamos el horario».5
Paradigmático porque reúne en él varios elementos estructurales: 1) Se está empobreciendo al Estado que invirtió en estas formaciones. 2) Llevaba precarizado 27 años –aunque él no se haya dado cuenta– lo que señala que no lo valora la gestión actual, pero tampoco lo valoró correctamente ninguna gestión anterior –diez de esos veintisiete años lo tuvo precarizado Horacio González–. 3) Los puestos eran transitorios para servir a una negociación que se reanuda constantemente. 4) Se ha lanzado el sálvese quien pueda donde cada sector social demanda ser escuchado particularmente, aunque la injusticia sea general. Se disloca la unidad de clase por la capacidad de lobby. Como señala Página/12 en la nota ya citada:
UPCN además negoció la reincorporación de muchos de sus afiliados, lo mismo en Andis, la Agencia de Discapacidad. Hubo un barajar y dar de nuevo, se lograron muchas reincorporaciones.
Está por todas partes y está desde hace años, incluso décadas, pero parece que los propios perjudicados se han negado a reparar en ella: se trata de la precarización, el negreo por parte del Estado. Es una herramienta tradicional de y sostenida por ese Estado que, se supone, debió ser defendido con el voto en la última elección presidencial. Sin embargo, lo que prevaleció fue el repudio a los gestores de ese mismo Estado, que lo convirtieron en el mayor precarizador nacional. En este marco es inevitable hacernos una pregunta: ¿Para qué sirve la precariedad? ¿Por qué no se estabiliza el trabajo de quienes se contrata para tareas necesarias y justificadas?
Los que afilaron la motosierra ya se postulan para el futuro.
Si en los privados la precarización apunta a la disminución de los salarios, por la vía del temor al despido, en el Estado apunta directamente al clientelismo por la vía de la misma amenaza. No es posible enfrentar la ola de despidos haciéndolo de la mano de los alcahuetes y entregadores. Ellos, el peronismo y su burocracia sindical, sólo aspiran a mantener su estructura de coerción punteril. Y saben que pocos confían en su tardía reconversión a la defensa de la estabilidad del empleo, en su improbable voluntad de resolver un problema del que han sido parte durante décadas.
Ese es nuestro dilema actual, profundo. La encerrona entre quienes afilaron el hacha durante años, y quien intenta descargarla sobre nuestro cuello. Para salir de ella rompiendo el dilema comencemos a decir la verdad completa, no la media verdad que es parte del problema.
NOTAS:
1 «Despidos por mail y WhatsApp, la cruel modalidad libertaria», publicada por Perfil el 30 de marzo de 2024.
2 Mariano Beldyk, «Llegaron los primeros avisos de despidos de estatales en vísperas del fin de semana largo: las áreas más afectadas», publicada en El Cronista el 28 de marzo de 2024.
3 «La bomba al Estado era con la gente adentro», publicada en Página/12 el 28 de marzo de 2024.
4 Claudia Korol, «Despidos: historias en la primera línea», publicada en Página/12 el 5 de abril de 2024.
5 Daniel Gigena, «Un millar de firmas para que no despidan a Roberto Casazza de la Biblioteca Nacional», publicada en La Nación el 2 de abril de 2024.
