El plan económico de Milei pretende favorecer a los sectores competitivos en el mercado mundial. Esto es, materias primas o bienes transables más o menos competitivos, software y servicios profesionales. Casi ninguna manufactura local.
Sobre ese plan se viene realizando un furioso desguace de todos los sectores que muerden lo que pueden, negocian, posponen.
Haya sido o no su intención, el DNU y la ley ómnibus propiciaron, en un país en el que los legisladores se reunían tres veces por año y el presidente anterior estuvo un año entero sin gobernar, un fervoroso funcionamiento de la democracia burguesa, una compresión de los tiempos, una suerte de democracia burguesa turbocomprimida. Que contrasta todavía más si la comparamos con el desinflado bienio de Alberto tras la derrota de 2021.
Las repudiables balas de goma de Patricia Bullrich no parecen presentar una ruptura con la democracia burguesa. Especialmente, si tenemos en cuenta que van 60 días de gobierno y ya se ha realizado más de una decena de actos y marchas, incluyendo una «huelga general». Y, a propósito de la huelga, es curioso que el gobierno se guardara el protocolo en el bolsillo cuando la CGT salió a la calle y que la represión avanzara sobre las veredas, con balas de goma y gas pimienta, contra la izquierda y los jubilados sueltos.
La confusión emana de un sensible embellecimiento de las instituciones burguesas según el cual no sólo sería poco probable que la democracia burguesa reprimiera, sino que el método distintivo del fascismo consistiría en reprimir con balas de goma y gas pimienta. El desalojo de Guernica, el asesinato de Mariano Ferreyra, la masacre de Puente Avellaneda, las desapariciones de Jorge Julio López, Luciano Arruga y Facundo Astudillo Castro ponen en cuestión ese embellecimiento1.
En ese forcejeo institucional por el toma y daca alrededor del DNU y la ley ómnibus, el único sector que no pelea por sus intereses inmediatos es la clase obrera. Lo que millones de trabajadores necesitamos ya mismo, aumento de salarios, es un reclamo con sordina. Todos los dirigentes se hacen los boludos al respecto. ¿Por qué? Porque exigiría reconocer que el calamitoso gobierno anterior nos trajo hasta acá y, sobre todo, porque descalabraría al gobierno actual, empeñado en todo lo contrario a un aumento de salarios. La motosierra tiene que recortar a muchos sectores, sí, pero en principio hay que sostener y profundizar el recorte a los trabajadores.
Contrariamente, se da un fortalecimiento del sistema parlamentario que debe entregar poderes y puede no hacerlo. Que debe negociar, discutir, retacear y editar puntos particulares de la ley, de acuerdo con intereses parciales y, en general y muy importante: exigencias que aúnan intereses obreros con intereses patronales. Salvo aumento de salarios, el reclamo sentido y asordinado, todos los demás reclamos son «populares» y mediatos. Finalmente, los intereses particulares descalabraron la ley en el Parlamento, mostrando que funciona exactamente para lo que está diseñado: caja de resonancia de los intereses burgueses.
¿Y que opina la clase obrera? Se encuentra obligada a elegir entre programas burgueses, sin que se levante un programa obrero, siquiera el mínimo: aumento de salarios, el que los compañeros en los laburos pretendemos escuchar.
Existe un plan opositor: que la clase obrera resigne sus intereses, incluso los inmediatos, para reacomodar una mayor cantidad de sectores patronales, los más ineficientes, informales y negreros. En frente, el plan oficialista consiste en que la clase obrera resigne sus intereses para propiciar el despegue de menos sectores burgueses, pero con mejores perspectivas de acumulación. La vieja disputa entre desarrollismo y mercado-internismo se despliega ahora ante nuestros ojos, pero en una situación desesperante: sin plata y sin tiempo.
En semejante tembladeral, la conciencia obrera se adapta a velocidades acordes y no sería extraño un retorno al peronismo en las figuras de Kicillof, Grabois, etc. Estos personajes ejercitan un empleo inteligente de la democracia burguesa: ponen votos parlamentarios en contra (Kicillof) y ponen los abogados (Grabois), mientras la izquierda y los nuevos indignados (muchos honestos) ponen el cuerpo y las provocaciones para mejorar la negociación. Lo cual señala un histórico límite del trotskismo: no tiene más objetivos que «luchar contra la derecha», una «derecha» que nunca es el peronismo.
En una suerte de empobrecida versión del jardín de senderos que se bifurcan, ante cada problema se nos presentan, históricamente, las mismas dos opciones de siempre: desarrollismo o mercado-internismo, ordenar las variables o garantizar gobernabilidad, un plan burgués u otro plan burgués. La oscilación pendular entre ambos proyectos ha dibujado, como mínimo en los últimos cincuenta años, una espiral descendente que taladra nuestras posibilidades hundiéndonos en un pozo cada vez más profundo de miseria y degradación. Ese dilema histórico se nos presenta hoy con una monstruosa claridad: Ley Ómnibus-DNU o inflación del 170%, Milei-Macri o peronismo.
Con Milei en el gobierno estamos obligados a luchar contra él, a empujar para estar en las calles y cuestionar sus medidas. Pero no podemos –a la vez que empujamos a la lucha– dejar de ver, de advertir, de alertar, que en cada embate que Milei sufre y entrega una tajada de su programa, cada vez que cede intereses, les entrega algo a sus aliados estratégicos y rivales tácticos: los burgueses, la casta política burguesa, la burocracia sindical peronista.
Por eso Scioli es parte del gabinete: porque no hay diferencias de clase entre el gobierno Nac&Pop que quiso ser en 2015 y el gobierno libertario que es en 2024. Por eso los gobernadores le prometen a Milei y lo traicionan: para sacarle algo más. Algo que no es el camino del bienestar obrero.
No hay que exagerar la cercanía de los aliados ni la efectividad de esta lucha en sus inicios. Por eso llamamos a luchar y llamamos a descreer, denunciar, señalar, a los que se suman a la oposición para luego restarse rápidamente cuando les bajen las retenciones, les garanticen el manejo de las obras sociales o les aseguren los giros de algún impuesto para sus cajas políticas provinciales. La imagen de los militantes de izquierda poniendo el cuerpo para que los diputados burgueses consigan las fotos es el reflejo perfecto de lo que significa luchar sin independencia de clase.
Por eso el salario es el reclamo postergado en las alturas e insistente entre los trabajadores.
Tal como podemos comprobarlo en nuestra vida cotidiana, ninguna de las dos alternativas –los que gobiernan ahora, los que gobernaron antes– es capaz de beneficiar al conjunto de la clase trabajadora. Ni siquiera en el tan inmediato, minimalista si se quiere, pero absolutamente necesario reclamo de la recomposición de los ingresos de la clase trabajadora.
Imagen principal: Foto de Marcela B.
NOTAS:
1 «La represión no es incompatible con la democracia burguesa. Entre el 25 de mayo de 1973 y el 23 de marzo de 1976, con el peronismo gobernando en democracia, hubo 1.500 militantes muertos y 1.000 desaparecidos. Eso no fue obra de La Libertad Avanza. Victoria Villarruel no firmó los decretos de ascenso de los líderes de la Triple A (Osinde, Almirón, Villar, Morales…). Los firmó Perón. El indulto a Videla, Galtieri, Massera y demás “genocidas” tampoco fue iniciativa ni obra de los libertarios, sino del gobierno peronista encabezado por Carlos Menem. Maxi Kosteki y Darío Santillán no fueron ejecutados por la policía de Carolina Píparo, sino por la del peronista Felipe Solá. Cuando Julio López fue desaparecido bajo el gobierno peronista de Néstor Kirchner, no fue Javier Milei quien dijo que “estará tomando el té en la casa de la tía”, sino el por entonces (y también actual) Ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández. Al militante socialista Mariano Ferreyra no lo mató un “discurso de odio”, lo mató una patota sindical peronista. No fue Javier Milei quien promulgó una ley antiterrorista, sino Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco fueron los libertarios quienes pusieron en marcha el Proyecto X para espiar organizaciones sociales. Fue Cristina Fernández de Kirchner. No fueron Marra y Milei quienes dieron la orden para incendiar los ranchos de Guernica y pasarles la topadora; fueron los peronistas Axel Kicillof y Sergio Berni.» Sencillito #34: «En sentido contrario a la burguesía… promover la desconfianza generalizada»
