La semana pasada ocurrieron dos hechos de violencia contra militantes de izquierda. Uno en Capital Federal, otro en Olavarría (provincia de Buenos Aires). El primero fue denunciado en el blog de Rolando Astarita. Reproducimos la publicación íntegramente:

En el día de ayer, 31 de julio, fueron detenidos militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas, que estaban distribuyendo volantes y difundían sus propuestas de cara a las elecciones del 7 de septiembre. Sucedió en la estación Constitución, ciudad de Buenos Aires, y es denunciado por Izquierda Diario, publicación del PTS.

Los militantes estuvieron detenidos, de forma completamente arbitraria, durante 50 minutos. Fueron liberados después de la concurrencia al lugar y la presión de decenas de militantes y simpatizantes del PTS. El ataque es gravísimo. Como posteó Nicolás del Caño: «¿Están prohibiendo hacer campaña electoral a la oposición? Es un derecho democrático repartir volantes y difundir propuestas».

Por supuesto, existe un profundo nexo entre la arbitrariedad y represión política, por un lado; y la opresión económica, el hambre y miseria, a la que están siendo sometidos millones de explotados, marginados y desempleados, por el otro. Es lo que explica también el carácter cada vez más brutal de la represión que desata, una y otra vez, el gobierno de Milei sobre manifestantes, e incluso sobre los trabajadores de prensa, que registran esos atropellos. Se busca sofocar toda protesta y expresión crítica de la realidad que vivimos. En oposición a este proyecto, propio de catacumbas autoritarias, la defensa de las libertades políticas es una cuestión de principios para los socialistas.

Pido a los lectores y seguidores del blog en el exterior que, por favor, contribuyan a que se conozcan y difundan estas denuncias. Es parte ineludible de la lucha contra la ultraderecha globalizada.¹

El segundo hecho aconteció en la madrugada del miércoles 23 de julio, enmarcado en el mismo accionar (o no, según lo que se opine sobre el peronismo). Un detenido en la ciudad de Olavarría «se suicidó» en la comisaría bajo custodia policial. Entonces los vecinos salieron a denunciar y protestar, acompañados por militantes y candidatos de izquierda para la inminente elección provincial (FIT y MTE). Los dirigentes de izquierda fueron detenidos sin que se diera a conocer su situación durante varias horas. Un medio local, En Línea Noticias, publicó una excelente cobertura del tema La reproducimos en su mayor parte:

Un hombre de 29 años apareció muerto en un calabozo de la comisaría primera.

Aprehendido por un hecho de violencia de género, y presuntamente golpeado previamente por personas del comando de patrullas (según una serie de vídeos que se visualizaron posterior al hecho y publicados en Verte) el joven fue hallado muerto con signos de ahorcamiento dentro del calabozo donde estaba alojado. La primera versión era que se habría suicidado con un buzo. Se dio a conocer de forma casi inmediata.

La versión, enrarecida por donde se la mire, generó la primera -y obvia-disparidad. ¿Por qué una persona se suicidaría en una comisaría? Esto empezó a generar una bola que creció y generó una movilización que impactó por varias razones. Pero vayamos analizando cada detalle.

En cuestión, actualmente hay 10 policías investigados: la gran mayoría del comando de patrullas, signados por la golpiza previa a la aprehensión. Si bien en la difusión del informe de la autopsia -realizada bajo el protocolo Minnesota por ser un hecho donde se involucran fuerzas de seguridad- resaltó que los golpes recibidos no fueron causales de la muerte, el exceso en la fuerza podría generar avances contundentes contra los efectivos que atacaron a Gonzalo Tamame.

Oficialmente se supo que César García asumió como representante legal de 3 policías implicados en el hecho: Juan Bortolotti, Dayana Estrada y Claudia Campos. También fue mencionado el subcomisario Juan García como implicado por ser el titular de la comisaría primera donde se desempeñan los otros tres. Todos fueron procesados y «están con carpeta psiquiátrica por el evento. Fueron al psiquiatra, los tres efectivos, les prescribieron estrés postraumático. No tienen al momento ninguna medida administrativa porque la causa se mantiene como averiguación de causales de muerte» explicó el abogado. Él centró su lectura del caso en el estado de Tamame y ya dejó entrever una estrategia de defensa que va a apuntar hacia la salud del ahora fallecido.

En el medio, un debate -completamente estéril nuestra forma de ver- sobre los posibles merecimientos de la muerte del joven tras ser aprehendido por un hecho de violencia de género ¿que no hay más justicia, ni estado de derecho en nuestro país?

La causa de la muerte fue el “resultado de la compresión cervical externa con un elemento a modo de lazo de adelante hacia atrás y hacia arriba que comprimió las estructuras del cuello generando un cuadro de asfixia traumática». Traducido puede interpretarse como un ahorcamiento. Pero cómo se generó este ahorcamiento es algo que los investigadores deberán indagar. En el lugar hay cámaras, registros y todo estaría dado para dilucidar el hecho con exactitud.

Un dato no menor es que en el informe preliminar que se hizo público se hizo un apartado sumamente detallado de dos cuestiones: de las razones de la presión previa a la muerte (golpeó y le robó un celular a su expareja) y un intento de suicidio como antecedente también en una comisaría, la primera de azul, en enero de este año. Según expresa el informe, bajo una mecánica similar a la que se presupone sucedió el miércoles pasado. Pero como decíamos, todo está bajo investigación con 10 efectivos tantos del Comando de Patrullas como de la Comisaría Primera apuntados.

Mientras tanto algo se preparaba familiares y amigos de Gonzalo aseguraban que no había razones para que el joven se suicidara y convocaron una movilización en las puertas de la Comisaría Primera pidiendo parar con la violencia policial. Es que el caso es inédito por donde se lo mire, fue la gota que rebalsó el vaso de varias denuncias previas de jóvenes que señalaban excesos en la fuerza a la hora de detener, incluso de realizar operativos de identificación de personas.

La izquierda fue la agrupación que más fuerte salió a repudiar el hecho y convocar a la marcha mientras que algunas agrupaciones de Derechos Humanos comenzaron a cuestionar la situación con el correr de las horas. […]

Y llegó la marcha. O la previa de la marcha. Hasta la publicación de este newsletter se mantenía el imponente -y también inédito- operativo de protección de la sede de la Comisaría Primera. Una movida logística pocas veces vista en nuestra ciudad: al menos un centenar de efectivos, patrulleros, infantería, grupo GAD, UTOI, todas las fuerzas policiales distritales, sumado a un vallado que cortaba varias cuadras a la redonda. Realmente nunca visto y hasta exagerado para lo que se podría esperar de una convocatoria de esta índole en la ciudad. […]

El cruce de esa esquina cambió, otra vez, la situación en la tarde del jueves. La cercanía entre efectivos policiales y manifestantes daba cuenta de que todo iba a terminar como terminó. Un insulto, cruce va, cruce viene, vuela una piedra… y la policía actuó sin atenuantes. Sin piedad. Balas de estruendo, balas de goma contra la familia y todo aquel que cruzara por Lavalle de Belgrano hacia Dorrego.

Tras varios minutos de tensión y un pedido de calma de familiares y también de varios militantes políticos-en el lugar estuvieron integrantes del MTE y también del Partido Obrero, con Agustín Mestralet a la cabeza- la policía avanzó decidida a correr a los manifestantes. Hoy y con un avance concreto y con varios balazos de goma -se contaron muchos cartuchos en plena calle Lavalle- la movilización llegó hasta Dorrego y Brown.

Allí la tensión era palpable, pero todo parecía que terminaba ahí nomás, se desconcentraba y final de la protesta. Sin embargo, en un nuevo avance de la policía terminaron aprehendidos Agustín Mestralet y Lautaro Méndez, no solo dos integrantes de la lista de candidatos a concejales del Frente de Izquierda para las legislativas del 7 de septiembre, sino dos militantes políticos de nuestra ciudad. También hubo una tercera persona aprehendida, Caterina Pereira, que no quedó claro si terminó presa en el mismo movimiento de avance o en otro sector. Desde el FIT se denunció que la arrestaron con golpes.

Luego todo fue confusión. Nunca quedó claro por qué quedaron detenidos, a dónde los llevaban, bajo qué figura legal: luego se sabría -bastante después- que fueron aprehendidos por atentado y resistencia a la autoridad. Mestralet negaría concretamente esa acusación. […]

Al principio les planteábamos en un subtítulo que «es el sistema» y queremos detenernos en esta reflexión: claramente hay responsabilidades políticas en el gobernador Kicillof, el ministro Alonso y la gestión sobre la policía, la «maldita bonaerense» de la que tanto se ha hablado. Pero la construcción de la maldita bonaerense no es algo que provenga de estos años, data de décadas de varios gobernadores porque es la bonaerense de Kicillof, pero fue la bonaerense de Vidal de Scioli, de Solá, de Ruckauf, de Duhalde. Ese sistema. Un sistema represivo plagado de antecedentes desde el regreso de la democracia a esta parte. Un sistema que ningún gobernador pudo controlar e incluso alguno que otro dejó hacer de más. Un sistema roto con una infraestructura defectuosa de décadas.²

Ante semejante hecho, el Partido Obrero denunció la inconsecuencia de Kicillof:

Estos crímenes policiales ocurren mientras crecen los enfrentamientos entre las camarillas que operan en la bonaerense. Kicillof depuró a un grupo de policías organizados por Bullrich tras la candidatura de Bondarenko, el sargento retirado hoy candidato libertario por la 3era sección bonaerense. Pero así no se soluciona ningún problema, todas las fracciones de la bonaerense están podridas, no hay un bando bueno y uno malo. Hay que desmantelar toda la maldita bonaerense.³

Es decir, el PO no denunció que Kicillof sea quien dirige el Estado provincial. No denunció que sea el responsable de las muertes. Denunció que haya «depurado pero no lo suficiente». Que haya desmantelado un poquito, pero no «toda la policía». En suma, que no está yendo a fondo, le dice un partido trotskista, de izquierda revolucionaria, a un representante del orden burgués. Para colmo, la denuncia agrega esta consideración:

Incluso, el propio ministro de seguridad Bonaerense, Javier Alonso, de forma sistemática emite declaraciones a favor de Patricia Bullrich y la coordinación entre las fuerzas bonaerenses y las federales al mando de la ministra represiva.

El blanco de la crítica al Ministro de Seguridad bonaerense es que emitió «declaraciones a favor de Patricia Bullrich», como si lo importante fuera el embrollo de internas burguesas y no el asesinato de gente que deberían cuidar.

Pero la muerte en comisarías peronistas no es nueva. La docente «trans» Sofía Fernández también se suicidó en una comisaría, según Página/12:

Fernández era docente de Lengua y Literatura y hubiera cumplido 40 años el 30 de enero de este año. El 7 de abril de 2023 fue detenida en un proceso irregular que la justicia todavía no esclarece. La Policía de la Provincia de Buenos Aires dijo que su muerte se trató de un suicidio, pero Hernán Gastón Junod, director de la Morgue Judicial de Lomas de Zamora y perito aportado por la familia de Fernández, señaló que ella presentaba golpes en la cara, tenía dos costillas rotas y también restos de colchón y de una bombacha en la garganta. «Nunca vi un suicidio de estas características», dijo, según consta en el expediente judicial.⁴

Lo mismo ocurrió con Diana Abregu y así lo relata el portal Perycia:

La fría mañana de aquel domingo 5 de junio del 2022, Daiana había salido a bailar a un popular boliche de Laprida. A las siete de la mañana, ya fuera de la discoteca, fue detenida por la policía, tras provocar disturbios en la vía pública. Fue trasladada y alojada en la Comisaría Comunal de Laprida. Unas horas después, como única detenida de la dependencia, la joven fue encontrada muerta por los efectivos bonaerenses de turno.

«Su hija se suicidó», le dijo, horas después, el entonces comisario de la estación, Marcelo Amaya, a los padres de la joven. Sus policías, sostuvo Amaya, encontraron a Daiana ahorcada en su celda con su propia campera. Pese a practicarle RCP —les narró el comisario—, no pudieron reanimarla. Tampoco podían ver el cuerpo: una ambulancia la estaba trasladando hasta la ciudad Azul, a 160 km de Laprida, para la realizarle la que sería la primera autopsia.

Al día siguiente, la Asesoría Pericial de Azul determinó que Daiana se habría suicidado, avalando la hipótesis policial. Sin embargo, la Comisión Provincial por la Memoria, tras llegar a Laprida y asumir la querella en su calidad de particular damnificado, impugnó esa autopsia por no respetar el Protocolo de Minessota, un procedimiento internacional que exige una serie de estándares para investigar muertes bajo custodia estatal. Entre las irregularidades que se cometieron en la autopsia —señaló la CPM—, se encontraban, entre otras, la falta de la tecnología necesaria para determinados análisis que se hicieron, como así también el uso de la policía científica para recolectar pruebas de la misma fuerza de seguridad sospechada del crimen: La Bonaerense.

El fiscal del caso, Ignacio Calonje, ordenó entonces una segunda autopsia del cuerpo. La Asesoría Pericial de La Plata, por sugerencia de la CPM, fue la encargada de llevar a cabo la tarea. Su conclusión amparada por nuevos informes que no se hicieron en la primera instancia, determinó que Daiana presentaba heridas compatibles con signos de una «autodefensa» por sofocación. Además, puntualizaron los peritos en su informe, el lazo de ahorcadura de su cuello, apuntaría a que la herida fue realizada por «terceros», descartando la hipótesis inicial del suicidio.⁵

La Comisión Provincial por la Memoria dio a conocer poco tiempo después que, de las declaraciones ante la Justicia, se desprende lo siguiente:

Una de las cuestiones más graves es que reconocieron que el libro de guardia de la comisaría, donde se consigna lo que sucedió ese día, describe hechos que no sucedieron. Es decir que se volcó información falsa y se adulteraron los registros. Así lo reconocieron Vanesa Nuñez y Juliana Zelaya, dos de las policías imputadas. Sumado a esto, Zelaya reconoce un hecho más grave aún: dice que escribió hechos falsos en el libro de guardia por orden de su superiora y segunda jefa al mando, la subcomisaria Karina Couchez. Por otro lado, las mismas oficiales dijeron que nunca se realizaron las tres inspecciones al calabozo que se habían informado oportunamente. Sin embargo el oficial Adrián Nuñez, otro de los imputados, insiste con que si se hicieron.⁶

De la misma CPM proviene este gráfico, que mide la frecuencia con que «se muere gente» en las comisarías bonaerenses:

Este tipo de hechos, la represión de la actividad política o reivindicativa, la aplicación de tormentos e, incluso, el asesinato en dependencias policiales –o fuera de ellas– por efectivos de alguna de las fuerzas de seguridad, deben ser repudiados y combatidos. Nos sumamos a esta tarea.

No obstante, que el ajuste (el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase obrera) sea implementado de manera orgullosa o en silencio vergonzante, y que la represión a los trabajadores se efectúe de manera descarada o con una justificación discursiva, es algo secundario con respecto a los hechos concretos de ajustar y reprimir.

El lenguaje, las justificaciones, las «narrativas» que condenan estos hechos según cómo se expresan verbalmente los responsables políticos acerca de lo actuado o por actuar, tiene un resultado evidente: el descrédito de los políticos (algo que, en general, consideramos positivo) y la desconfianza con respecto a las denuncias y los derechos. Esto último es muy grave.

Porque las denuncias sesgadas, con su innegable legitimidad, son vistas por los trabajadores como maniobras de bandos políticos, lo cual constituye una deriva negativa que debemos combatir: no hay que seleccionar cuáles burgueses reprimen con menos odio y crueldad, sino que debemos denunciarlos siempre y de manera igualmente implacable. Por Santiago Maldonado como por Facundo Astudillo Castro, por la Plaza Congreso como por Guernica, por el negacionismo macrista o libertario como por el de Alberto y Cristina cediendo el crematorio de la ESMA para un parque de diversiones⁷.

El apoyo a Milei suele ser explicado por el progresismo como si un virus malsano hubiera infectado las cabezas de muchos trabajadores que, de pronto, abandonaron ciertas banderas históricas y se recluyeron en el individualismo y las «pasiones tristes»⁸. Quizás haya una explicación más concreta y materialista. Una que no incluye el desprecio a los trabajadores que no piensan como nosotros.

La selectividad política para condenar (a veces sí y a veces no) hechos invariablemente condenables abrió un túnel de proporciones todavía inconmensurables para hundirnos en la oscuridad: el mejor respaldo que tiene el gobierno de Milei para reprimir es el sonoro silencio del progresismo ante cierta represión, ante cierta miseria, ante cierta memoria.

Mientras exista una doble vara según la cual algunas acciones se condenan de manera categórica y sin miramientos, mientras que otras se condenan en forma relativa y con justificaciones, mientras sea un escándalo –y lo es– la detención de un militante de izquierda durante 50 minutos pero haya pasado casi desapercibida la detención sin paradero conocido de un candidato de izquierda durante toda una noche (en la provincia gobernada por el peronista Axel Kicillof que, como muestran los gráficos, no se está desayunando ahora este cotidiano accionar represivo), mientras exista una doble vara, decíamos, es muy probable que gran parte de la población se desentienda progresivamente de banderas como las de la lucha contra la miseria común o contra la represión estatal.

NOTAS:

1 Rolando Astarita, «Argentina, un ataque a las libertades democráticas», nota publicada el 1 de agosto de 2025.

2 Josefina Vargas y Alexis Grierson, «Muerte en una comisaría y todo lo que vino después», nota publicada por En Línea Noticias el 27 de julio de 2025.

3 «Pitrola: “Mientras Kicillof separa policías libertarios y se pelea con el represor Bondarenko la maldita bonaerense sigue asesinando pibes en las comisarías”», nota publicada en Prensa Obrera el 25 de julio de 2025.

4 Stanley Luna, «Investigan el supuesto suicidio de una mujer trans en una comisaría», nota publicada en el suplemento Soy de Página/12 el 26 de febrero de 2025.

5 Facundo Lo Duca, «Daiana Abregú: Anatomía de un caso inconcluso», nota publicada en Perycia.

6 «Asesinato de Daiana Abregú: la policía falseó el libro de guardia», gacetilla publicada por la Comisión Provincial por la Memoria el 27 de julio de 2022.

7 Analizamos esto en dos notas: «La ESMA y el negacionismo peronista» y «24 de marzo, de memoria y de lucha (Contra el negacionismo peronista)».

8 En su flamante libro Zurda (Apuntes contra la resignación, la mansedumbre y el conformismo), Myriam Bregman dice de entrada que lucha «sobre todo, para defender la alegría en un presente colonizado por las pasiones tristes». Algunas páginas antes, Andrea D’Atri presenta el libro invocando también el nombre de Spinoza para destacar que Zurda habla «de las pasiones tristes que promueve la ultraderecha en esta etapa decadente del capitalismo». Es llamativo que un partido como el PTS, que se reivindica socialista y revolucionario, no apele al materialismo histórico y a las relaciones de producción sino a las pasiones de los individuos descriptas por un filósofo del siglo XVII para diagnosticar el presente capitalista. Véase la crítica que desarrollamos en «La tentación irracionalista: nuevas desventuras del intelectual comprometido».