Hace dos sábados publicamos el excelente trabajo de investigación «Del zenit al ¿ocaso? de la anomalía argentina: Capacidad de movilización de la clase trabajadora y conflictividad social en perspectiva comparada (1950-2020)», del compañero Cristian Caracoche. Podríamos destacar sus méritos académicos, pero de esas virtudes –que abundan en el texto– se ocupará, si todavía es digna de ese nombre, la academia.
Originalmente aprobado por una revista especializada, el texto nos interesa en base a criterios que no son idénticos a los de la academia, más allá del rigor, la racionalidad y la sensatez que deben presentar los trabajos científicos. Por más serios y admirables que fueren, generalmente no publicamos textos si no cumplen el requisito fundamental de servir a nuestro propósito como grupo de militantes socialistas: el texto debe explicar cómo funciona el sistema en el que vivimos, esclarecer nuestra posición en un debate, exponer por qué proponemos cambiar esta sociedad y por qué no es viable reformarla, delimitar cada vez más y mejor los problemas que tenemos y las tareas que nos damos. El texto de Cristian Caracoche sirve a todos esos fines.
Se trata, en este caso, de poner a prueba una opinión bastante difundida, pero no tan justificada, sobre la sociedad argentina: la existencia de una anomalía.
De manera tortuosa y desfigurada, esa idea, la de nuestro carácter anómalo, mostró su vigor durante el último Mundial de Fútbol, tanto en los comentarios sobre la arrogancia argentina como en los referidos a nuestro amor propio. En cualquier caso, esa percepción según la cual los argentinos poseemos una autovaloración desmesurada o, dicho al revés, una exagerada reticencia a aceptar la desventura, apunta siempre a una misma actitud, insistentemente díscola, porfiadamente chúcara.
La «anomalía argentina» es el nombre para la razón de esa particularidad. Y el trabajo de Caracoche intenta (y, en gran medida, consigue) exponer una causa material detrás de la realidad que motiva esa percepción –banal pero significativa– de nosotros mismos.
La visión materialista
El artículo nos lleva, rápidamente, «al conflicto social como un elemento central y también distintivo en el devenir del capitalismo argentino», sin perder de vista que son muchos los investigadores que «resaltan la capacidad de movilización de la clase trabajadora local como una particularidad en comparación con el resto de los países de la región». El problema es que ninguno de esos trabajos «presenta una evidencia sistematizada y concluyente que sostenga tales afirmaciones». Dotar de sustento empírico a la existencia de la mencionada anomalía (o mostrar que no hay sustento) es el objetivo del trabajo de Caracoche.
Al establecer criterios de análisis, el artículo no parte de etéreas conciencias revolucionarias sino de la movilización por reivindicaciones mínimas:
Como primera definición, se entiende a la capacidad de movilización de la clase trabajadora como el conjunto de recursos con los que esta cuenta para organizarse y actuar en pos de la consecución de sus intereses inmediatos.
La perspectiva materialista es crucial: va del stock de capital como base hasta las posibles respuestas en la lucha de clases, pasando por el nivel de asalarización, la tasa de empleos industriales, la primacía urbana, el porcentaje de sindicalización, las leyes y los combates. Este orden no es superficial ni arbitrario. Cada término condiciona, en buena medida, al siguiente. El orden del pensamiento traduce, representa, así, el orden de lo real.
La serie de condiciones no determina absolutamente: limita los posibles. Sin inversión no hay obreros, sin obreros no hay sindicatos ni leyes ni huelgas. De manera que la inversión no determina a las huelgas, pero sin inversión no hay condiciones para las huelgas. Basta razonar al revés («las huelgas provocaron la inversión») para advertir su imposibilidad. Sin embargo, aunque absurdo, suele adoptarse este punto de vista para evaluar la política. En lugar de partir de sus determinaciones materiales, se parte desde lo más visible o vistoso: el espectáculo político.
El enfoque materialista nos dice que, a mayor acumulación de capital por parte de la burguesía, mayor es la tendencia a concentrar obreros, por lo tanto, tiende a crecer la cohesión proletaria en los establecimientos y, con la cohesión incrementada, aumenta el poder de negociación frente a la burguesía. Por eso, en general, allí donde se registran procesos significativos de acumulación de capital, con el tiempo se verifica una tendencia de ascenso en el nivel de conflictividad. Desde esa perspectiva, Caracoche nos advierte:
En función de los datos disponibles, se observa que Argentina se presenta como el país con mayor stock de capital por ocupado a lo largo de todo el período bajo análisis. No obstante, la brecha que separa a Argentina del resto de los países tiende a achicarse de forma nítida a partir de la década de 1980, especialmente con respecto a Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Esto permite contextualizar los niveles de asalarización a lo largo de todo el período de estudio (1950-2020):
Argentina, Chile y Uruguay presentan niveles similares de asalarización, muy por encima del resto de los países. En un segundo escalón aparecen Brasil y México, con niveles que, si bien están por debajo de Argentina, Chile y Uruguay, han mejorado a lo largo de las siete décadas estudiadas, alejándose así de los registros de Bolivia y Paraguay.
Pero una hipótesis distintiva, clave de la cuestión investigada, proviene expresamente del ensayo «La anomalía argentina (Estado, corporaciones y trabajadores)» y se ubica políticamente en el plano de los delegados y las comisiones internas:
hay quienes plantean que el diferencial en la capacidad de movilización que exhibe la clase trabajadora argentina radica centralmente en un elemento particular: la representación sindical en el lugar de trabajo. […] es Adolfo Gilly (1986) quien más profundiza este planteo al calificar al rol de los cuerpos de delegados y de las comisiones internas como una «anomalía argentina» […] debido a su lógica democrática y asamblearia, estos organismos se convierten en un espacio clave para la politización de los trabajadores, operando así como un contrapeso ante la burocracia sindical.
Así, lo anómalo, la combatividad de la clase trabajadora argentina, estriba en las representaciones de base, con prácticas democráticas y asamblearias, en el lugar de trabajo. Dicho en palabras del propio Gilly, la anomalía argentina se ubica en el núcleo de la dominación celular cuya sede es el ámbito de la producción capitalista.
Nos acercamos al problema que nos interesa en tanto militantes: ¿cómo es posible que esta combatividad conviva, durante medio siglo (1975-2026), con la degradación del país sin poder evitarla?
La extrañeza aparente
A partir del marco teórico de Pasukanis y Poulantzas, donde el derecho es pensado como la cristalización de las relaciones de fuerza entre las clases sociales, Caracoche selecciona dos derechos colectivos para medir la capacidad de movilización de la clase obrera: el derecho a huelga y el derecho a la representación en el lugar de trabajo. Entonces aborda el caso argentino (resaltamos):
En Argentina, durante el peronismo se dio un importante proceso huelguístico, no obstante, si bien la Constitución Nacional de 1949 reconocía a los trabajadores el derecho de «agremiarse y defender sus intereses profesionales», no hacía mención al derecho a huelga. Dicho derecho alcanzó rango constitucional en el año 1957, luego de la salida del peronismo del poder. Una vez consagrado, este derecho fue ejercido sin mayores inconvenientes, excepto durante los períodos dictatoriales. En este sentido, no existió a lo largo del período estudiado ninguna legislación que establezca la ilegalidad de la huelga, por lo que además de la huelga laboral, se habilitaba la huelga en solidaridad y la huelga política. Además, ante la ausencia de una descripción explícita del acto de huelga, no se prohibieron ni la ocupación ni el bloqueo de planta. Asimismo, en un principio tampoco se vedó del derecho de huelga a ningún colectivo de trabajadores. No obstante, con el decreto 2.184 del año 1990 se especificaron una serie de rubros que fueron enmarcadas como servicios esenciales, en los cuales se comenzó a exigir la prestación de un servicio mínimo, estableciendo así la única gran limitación a la huelga en todo el período analizado.
Como vemos, tanto el establecimiento de una Constitución (la del 49) que no contemplaba el derecho a huelga, como la posterior restricción a ese derecho mediante un decreto de 1990, fueron obras de la misma fuerza política: el peronismo. Algo similar ocurre con los delegados de base:
De los tres países de la muestra con sindicatos organizados por rama, Argentina es aquel país donde se registra mayor presencia de representantes sindicales en los lugares de trabajo. Si bien existen antecedentes previos, los delegados y las comisiones internas se multiplicaron en los establecimientos productivos durante el peronismo, a partir de la firma de distintos convenios colectivos que incluían el reconocimiento por parte de la patronal de esta representación sindical (James, 1981). En 1957 se consagraron constitucionalmente los fueros sindicales para esta representación, por medio del artículo 14 bis.
La expansión de las representaciones gremiales bajo el peronismo, vía inclusión y reconocimiento en distintos convenios, careció de fueros sindicales hasta 1957, año en que una dictadura los consagró constitucionalmente (junto con el derecho a huelga). Volveremos sobre esta aparente extrañeza. Consideremos ahora las conclusiones del trabajo de Caracoche:
Este análisis demostró que, hasta la década de 1980, la clase trabajadora argentina dispuso de las condiciones estructurales más favorables de la región. Sin embargo, entre las décadas de 1990 y 2000 esta situación comenzó a modificarse, ya que, en algunas de las variables consideradas, Argentina perdió posiciones relativas frente a otros países. En una segunda etapa se analizaron el modelo sindical, el grado de inserción e influencia del movimiento obrero dentro de la clase trabajadora y la legislación relativa a los principales derechos laborales de cada país. Los resultados mostraron que, a lo largo de todo el período estudiado, la clase trabajadora argentina contó con mejores condiciones asociativas e institucionales que el resto de los países de la región […] Por su parte, el análisis de la conflictividad social mostró que Argentina registró niveles de conflictividad elevados y sostenidos a lo largo de todo el período 1950-2020, distinguiéndose así del resto de los países considerados. Sobre la base del análisis realizado, puede concluirse que las interpretaciones clásicas que dieron origen a esta investigación encuentran, con los matices ya señalados, un importante respaldo en la evidencia empírica presentada a lo largo del artículo.
Con la ratificación empírica de la anomalía argentina, se abre un interrogante:
cabe preguntarse por cuánto tiempo más la clase trabajadora argentina podrá conservar aquellas particulares condiciones asociativas e institucionales, que fueron conquistadas al calor de unas condiciones estructurales que hace décadas ya no son las mismas.
Pensamos que esa pregunta, teóricamente necesaria, sólo podrá responderse si nos hacemos primero otra, políticamente fundamental.
La pregunta militante
Volvamos al año 1957 para revisar aquella aparente extrañeza. Detengámonos en este párrafo (resaltamos):
En el caso argentino, los delegados y las comisiones internas operan bajo la modalidad de «doble canal», ya que funcionan como representantes de los trabajadores y del sindicato ante el empleador, y como nexo entre el sindicato y los empleados. Esto implica que esta representación, además de defender a los trabajadores ante el empresario, funciona también como contrapeso del mismo sindicato nacional, impulsando en muchos casos a este último a tomar medidas de lucha. De esta forma, el esquema sindical argentino presenta una importante capilaridad en los lugares de trabajo, abarcando desde pequeñas hasta grandes empresas con representantes sindicales que se encuentran, desde su surgimiento, al resguardo de la legislación laboral.
Que las representaciones de base cumplan una doble función –defensa ante los burgueses y contrapeso ante el sindicato nacional– nos reclama perspicacia militante para interpretar de qué dirección política estamos hablando. ¿Por qué el sindicato nacional requiere un contrapeso? ¿Cómo es posible que la clase obrera con mayor combatividad en la región pertenezca al país que hoy cae de manera más pronunciada? La respuesta a estas preguntas deshace la perplejidad: ¿sigue pareciéndonos una extrañeza que los dos ataques contra el derecho a huelga (1949 y 1990) hayan sido ejecutados por el peronismo, mientras que el reconocimiento constitucional de ese derecho y de los fueros sindicales haya sido establecido bajo una dictadura?
Incorporemos otra anomalía: de los países comparados en el trabajo de Caracoche, Argentina es el único que atravesó la crisis del petróleo, la década neoliberal y la de «la soja a 600 dólares» bajo gobiernos de la misma fuerza política. Desde 1973, 31 años (de los 54 transcurridos hasta hoy) el peronismo estuvo en el poder. Muchos más años si contamos el dominio del Senado, Diputados, las provincias y –como volvió a demostrarlo esta semana– la Justicia, mediante el nombramiento de los jueces.
En los otros países estudiados hubo notables recambios. Desaparecieron partidos mayoritarios y, sobre todo a partir del año 2000, arribaron al poder fuerzas políticas que eran marginales o secundarias en los años 90. Así, el Partido de los Trabajadores en Brasil (PT), el Frente Amplio (FA) en Uruguay, el Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, la Coalición por el Cambio en Chile, el Partido de Acción Nacional (PAN) en México o la Alianza Patriótica para el Cambio en Paraguay, irrumpieron como coaliciones con posibilidades concretas de gobierno; mientras languidecían los enormes partidos tradicionalmente gobernantes: tales fueron los casos del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), los partidos Colorado de Uruguay y Paraguay, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) boliviano, la Democracia Cristiana en Chile o el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México.
En el lapso que va desde la restricción al derecho a huelga en 1990 hasta el arribo de Milei en 2023, el peronismo gobernó 28 años1.
La conclusión política
La anomalía (conflictividad) argentina tiene su razón de ser en la existencia de bases materiales estructurales: stock de capital, urbanización, peso del componente industrial de la clase obrera, sindicalismo de base, legislación. De esas condiciones, las más importantes son previas al peronismo: fruto de dos guerras mundiales, el Crack del 29 y su consecuente proceso de sustitución de importaciones. En los 70 años del período estudiado por Caracoche, las condiciones y su desarrollo iniciales parecían favorecer a la clase obrera argentina. Sin embargo, terminamos en una ciénaga, hundiéndonos más y más.
Vemos dos salidas a esta contradicción.
Una consiste en negarla. Decir que no hay contradicción. Asumir que, sin importar cuánto luche la clase obrera, estamos condenados a la miseria creciente. Esta salida explicaría la llegada de Milei: si hicimos todo bien, en las mejores condiciones y con la mejor conducción posible (el peronismo), entonces no hay salida, no hay futuro y sólo queda el sálvese quien pueda.
La otra salida asume que esos factores materiales, que nacen de las profundidades de la estructura económica y estallan en conflictos y movilizaciones, juegan su destino en la conducción política. Que el peronismo no es la causa de la conflictividad, sino su resultado. Que el peronismo es la solución burguesa de la anomalía. Esto explica la función de sus dirigentes sindicales, a los que hay que «contrapesar» permanentemente. Explica sus reticencias jurídicas con el derecho de huelga. Explica su camaleónica presencia en el poder. Y explica, finalmente, por qué nos estamos hundiendo como país.
En suma, pensamos que, del conjunto de condiciones que la anomalía argentina presenta, se deduce la no-condición, el impedimento histórico, el Caballo de Troya de nuestras derrotas, el más pesado lastre para la clase trabajadora argentina: el peronismo y su burocracia sindical.
NOTAS:
1 Acaso el recambio de personal político que las burguesías regionales en el quiebre del milenio, Argentina lo llevó a cabo –otra anomalía– en 1973, trayendo a Perón del exilio para obturar el desarrollo de los reclamos de la clase obrera.
