El 28 de diciembre, día de los santos inocentes, Juan Grabois publicó una caracterización, aparentemente crítica, de la política defendida por el dueño de Mercado Libre:
Marcos Galperín merece el honor de que el Estado que está fundando a su imagen y semejanza se llame Galperonia. […] La narrativa del nuevo régimen consiste básicamente en atribuirle al gran empresario un estatus superior como benefactor social, promotor del progreso colectivo y representante del mérito individual. De ahí deriva su derecho a legislar fuera de las instituciones legislativas, juzgar a través de una magistratura que rubrica fallos redactados por su corpus de escribas y administrar mediante la famosa puerta giratoria de los altos rangos del mundo empresarial.
En Galperonia no se eliminan completamente las libertades democráticas, pero se declara religión de Estado la adoración a las corporaciones.
Pero este «evangelio según Marcos» cuestionado por Grabois no hace más que rubricar en el derecho lo que ya ocurría de hecho. En 2017, Hernán Vanoli y Alejandro Galliano publicaron el libro Los dueños del futuro. El subtítulo aclara: Vida y obra, secretos y mentiras de los empresarios del siglo XXI. La lista completa de empresarios retratados en el libro incluye a Eduardo Constantini, Federico Braun, Hugo Sigman, Gerardo Bartolomé, Federico Tomasevich y… Marcos Galperín. En la página 259 leemos:
Durante el kirchnerismo Mercado Libre fue protegida y alentada impositivamente por la Ley de Productores de Software y Servicios Informáticos del Ministerio de Economía y Producción, fechada en 2007. Según esta ley 25.922, la empresa de Galperín tiene una bonificación del 70% de las contribuciones patronales y el 60% del impuesto a las ganancias hasta el 2019.
La cita puede parecer malintencionada o insidiosa por nuestra parte, así que veamos en qué términos presenta esos subsidios Página/12:
desde 2007 ML se incluyó dentro del régimen de promoción y en 2011 fue beneficiado por la Ley de Promoción de la Industria del Software que requiere que más del 50% de la actividad de la empresa sea el desarrollo de software, algo dudoso en el caso de ML cuyo mayor negocio está vinculado a la logística y lo financiero. De hecho, en 2017 la AFIP concluyó que ML no debía estar incluido en el régimen de promoción porque no desarrollaba software ni lo exportaba y reclamó $500 millones por año para el Estado Nacional. Finalmente el reclamo de la AFIP no prosperó.1
El propio diario del burgués Víctor Santa María2 (a) reconoce que Galperín fue beneficiado con un subsidio que no le correspondía a su empresa, (b) reconoce también que la AFIP tardó 6 años en advertir que Mercado Libre se dedica a la logística y no a la producción de software para, finalmente, (c) reconocer que, misteriosamente, el reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos «no prosperó». Retomemos el libro de Vanoli y Galliano, cuya cita dejamos justo cuando nos aclara:
Pero estos beneficios no alcanzaron a sus trabajadores. Se dice que los costos laborales argentinos y el poder del Sindicato de Empleados de Comercio hicieron que la empresa de Galperín abriese oficinas en Montevideo, con trabajadores uruguayos al parecer más dóciles. O al menos eso es lo que deben haber sentido Elina Escudero, Leandro Salinas y Yanina Arellano cuando en 2011 fueron echados luego de que intentasen convocar a elecciones y postularse como delegados de base en la compañía.
El episodio de una frustrada elección de delegados en Mercado Libre nos permite ver qué tipo de prácticas favorece el Estado burgués, bajo el gobierno de Cristina Fernández, mediante la intervención auxiliar de la burocracia sindical. Así fue la crónica publicada por el sitio La Política Online:
En noviembre de 2011, Elina Escudero fue sorprendida con un telegrama de despido a pocos días de convocar a elecciones y postularse como delegada de base en Mercado Libre, la empresa líder en comercio electrónico de Argentina y otra de las compañías mimadas por el gobierno, quien le otorga beneficios impositivos bajo la ley de Promoción de la Industria del Software.
Junto a Leandro Salinas y Yanina Arellano, Escudero había intentado por más de dos años formar una delegación de base en la empresa para combatir las pésimas condiciones que venía soportando parte de la fuerza laboral: 1700 pesos por al menos 6 horas de trabajo y la obligación de trabajar los feriados y, al menos, un sábado y domingo por mes, sin remuneraciones adicionales.
Pero los intentos de los tres trabajadores chocaban con lo que sería un pacto entre Marcos Galperín, el empresario tecnológico que fundó y dirige Mercado Libre, con Armando Cavallieri, el secretario del sindicato de Comercio, gremio en el cual se afiliaba a los empleados.
«Ramón Muerza, el secretario de organización de la regional de Capital del Sindicato de Comercio, me confesó que no podían organizar la elección de delegados de base en Mercado Libre porque Cavallieri había acordado con Galperín que le pagaría una deuda de 900 mil pesos por afiliaciones a cambio de impedir que hubiera una representación de base», aseguró Escudero en diálogo con LPO.3
La burocracia sindical abraza intereses tripartitos: por un lado, los intereses de los trabajadores, porque desdeñarlos totalmente haría temblar el suelo sobre el que descansa la legitimidad de los burócratas. Por otro lado, sus propios intereses como burócratas: las millonarias cajas de las obras sociales y la antidemocrática estructura de permanencia en los cargos. Por último y no menos importante, los intereses de la burguesía, con la cual negocian, retacean y, en ocasiones como la que acabamos de citar, representan en los conflictos.
Para este llamativo (y olvidado por Grabois) conflicto en Mercado Libre, el teatro de la representación burocrática –que contó con el inestimable apoyo del peronista Carlos Tomada, ministro de Trabajo de Néstor, de Cristina y de Alberto– exhibió su repertorio de personajes clásicos al interpretar el doble papel de policía bueno y policía malo con el obvio propósito de desgastar a las trabajadoras en lucha:
Tres años, decenas de reuniones, una de ellas en la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados, una huelga y al menos tres despedidos por sus actividades gremiales no lograron que haya elecciones de delegados en Mercado Libre. Oscar Raynoldi, secretario de asuntos legislativos del Sindicato de Comercio ayudó a Arellano y Escudero mientras otro sector del sindicato negociaba con la empresa. Raynoldi dice: «Es la primera vez que pierdo».
Lo dice porque piensa, aunque a pesar de la insistencia no pronuncie los nombres de los implicados, que «acá negociaron para que no haya representación sindical porque creen que la modalidad es nefasta para el negocio que ellos encaran y esa triangulación entre el sindicato, el Estado y el empresariado está avalada, ese es el problema.»4
Las palabras de Raynoldi son de una honestidad conmovedora. Esa triangulación entre la burocracia peronista, el Estado burgués y la clase explotadora es una clave de interpretación imprescindible para los socialistas. Desde esa clave podemos comprender de qué manera, lejos de combatirlo, se garantiza la acumulación de capital y cómo, lejos de perjudicarlos, se beneficia a emprendedores militantes como Marcos Galperín, quien
amasó una fortuna que no para de crecer y que hoy suma, según Forbes, unos USD 6.800 millones. La empresa no para de crecer: en el tercer trimestre de 2023, tuvo ingresos por USD 685 millones, con un margen de 18,2%; vendió productos por USD 11.000 millones y Mercado Pago tuvo un volumen operado de más de USD 47.000 millones.5
Las cifras provienen de una nota, publicada por Infobae la semana pasada, en la que se describe el modo en que tanto el gobierno de Alberto, Cristina y Massa, como el actual gobierno libertario de Javier Milei, en un gesto irónico erigido sobre la miseria de la población, entrega subsidios millonarios desde el Estado para favorecer a una empresa llamada «mercado libre»:
El informe del tercer trimestre del 2023, que la empresa presenta puntualmente ante la SEC de EE.UU. –porque desde 2007 cotiza en Wall Street– lo describe con detalle. Así, se explica que en agosto de 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, la Subsecretaría de Economía del Conocimiento emitió la Disposición 316/2021 que aprobó la solicitud de la empresa para acogerse al régimen de promoción de la economía basada en el conocimiento […] Allí se explicita que en los primeros nueve meses de 2023, la empresa recibió beneficios impositivos por USD 35 millones y USD 49 millones en concepto de «seguridad social» (aportes patronales). O sea, un total de USD 84 millones que extrapolados de manera directa superarían los USD 110 millones para todo el año.
Cuando Grabois escribe «Los nostálgicos de Peronia, agazapados en nuestras cuevas de orcos, no aceptamos la nueva religión del progreso ni el régimen monárquico-corporativo» no rechaza la explotación, sino que patalea porque no es su partido el que administra los beneficios. El peronismo está a favor del capitalismo y en contra de la democracia cuando no obtiene los votos (como lo expresa su fiel exponente Armando Cavallieri), por eso no soporta quedar afuera de los negocios.
Así funciona el capitalismo: la libertad de mercado se despliega al amparo del Estado burgués6, que justifica la misma política de clase en cada cambio de gobierno con un discurso justificatorio, un evangelio, aparentemente distinto. Hay fieles al libro de Juan y fieles al libro de Marcos, pero la biblia es la misma: defensa de una sociedad de clases sostenida en la propiedad privada de los medios para producir la riqueza.
NOTAS:
1 Esteban Magnani, «Marcos Galperín, el modelo Milei y el mito del emprendedor», nota publicada en Página/12 el 19 de enero de 2024.
2 Para un perfil (y un prontuario) de Víctor Santa María en sus relaciones con los trabajadores de Página/12 recomendamos leer «Despreciar la democracia es de fachos».
3 «El fallido acuerdo de Mercado Libre con Cavalieri para no tener delegados», nota publicada en La Política Online el 08 de enero de 2014.
4 Ximena Tordini, «La sangre en el ojo ajeno», nota publicada en Crisis el 24 de octubre de 2017.
5 Sebastián Catalano, «Polémicos beneficios: Mercado Libre recibe más de USD 100 millones por año de subsidios impositivos del Estado argentino», publicado en Infobae el 18 de enero de 2024.
6 En general, el Estado burgués vela por los intereses del conjunto de la clase burguesa, no por los de este o aquel burgués. El proceso contra Google por actividades monopólicas (del que hablamos aquí) es un ejemplo ilustrativo del modo en que opera esa vigilancia de clase. En cambio, el episodio de las vacunas en Argentina es un caso testigo del descalabro excepcional y el sálvese quien pueda practicados por el personal político burgués: para beneficiar a empresarios locales como Richmond y Sigman, el gobierno peronista de Alberto retrasó la llegada de las dosis producidas por Pfizer, ocasionando un número innecesario de muertes que todavía no ha sido calculado. Ver «Inmunidad para los laboratorios: ¿soberanía o capitalismo?».
