El nudo de inflación creciente, miseria escandalosa y falta de perspectiva que ahorca a la clase trabajadora no aflojará luego de las elecciones. Todo lo contrario: la renovación de los mandatos será la señal para un tirón asfixiante de la soga. Eso es lo que está ocurriendo en Jujuy. Pero retrocedamos un poco para tener perspectiva.
El 7 de mayo se realizaron elecciones en Jujuy: con el 37% del electorado (dado que sólo hubo un 50% de votos válidos), el oficialismo se alzó con el 60% de los convencionales constituyentes. En ese marco de repudio, no es de extrañar que uno de los puntos de la reforma haya sido imponer que quien gana se queda automáticamente con la mayoría legislativa, obteniendo así una representatividad falsa y amañada. Por ejemplo, en 2007 el gobernador electo del Frente Para la Victoria obtuvo el 36% de los votos; con la nueva Constitución, obtendría mayoría automática y nombraría a los organismos de control, como la Auditoría General.
La nueva Constitución jujeña, además, modifica la legislación referida a la tenencia de la tierra, pasible de ser aplicada a la extracción del litio. Pero, fundamentalmente, establece limitaciones constitucionales a la protesta y a la resistencia a la opresión. Esta reforma constitucional, negociada entre peronistas y radicales desde hace mucho tiempo, se llevó adelante de manera tan rauda y con tan poca participación popular, que no habían pasado siquiera 45 días desde la elección de los constituyentes, cuando ya la estaban poniendo en vigencia.
El acuerdo de ambos frentes burgueses fue lo que le permitió a Morales sumar, a sus 29 representantes de Juntos por el Cambio, 13 aportados por el peronismo, aprobándola con un tan amplio como no representativo 87% de los constituyentes.
Pero es importante tener en cuenta que una reforma similar a la más antidemocrática y represiva de las innovaciones de la constitución jujeña –impedimentos a las luchas y los piquetes– fue aprobada por el peronismo gobernante en Salta el 1° de junio de este año, sin que los peronistas se escandalizaron como ahora. Al respecto, el CELS, una institución insospechada de marxismo, declaró:
Con una Legislatura vallada para mantener alejados a los trabajadores de la educación y de la salud que llevan cinco semanas de medidas de fuerza, en Salta se aprobó sin debate en comisiones una ley que limita el derecho a la protesta. La nueva norma establece requisitos para llevar adelante las manifestaciones públicas, entre ellos entregar información sobre los organizadores. Este tipo de controles funcionan como métodos para desalentar el desarrollo de protestas, y también como mecanismo de persecución de referentes sociales y políticos.
Y si de hacer memoria se trata, recordemos que fue Cristina Fernández, en su apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo de 2014, quien pidió una «Norma de respeto y convivencia urbana», poniendo como ejemplo Nueva York y dejando bien claro que «Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles e impidiendo que la gente vaya a trabajar» (puede verse aquí, a partir del minuto 2:07:19, para recordar que Laura Alonso, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich y todo el bloque del PRO aplaudió el discurso de Cristina).
Podemos entender, entonces, que en este momento la diferencia entre el peronismo y Juntos por el Cambio reside apenas en la actitud que van a tener hacia los «aprietes» futuros las organizaciones sociales de masas que el peronismo todavía dirige. El peronismo afirma que, si no gobiernan, llegará el caos. No porque tengan un proyecto distinto, sino porque –como partido del orden– el peronismo detenta una mayor capacidad para hacer pasar las mismas leyes antiobreras.
El ejemplo paralelo es la desaparición de Cecilia Strzyzowski. Ni los colectivos feministas dirigidos por el kirchnerismo ni los organismos de Derechos Humanos ni el mundo académico que los peronistas controlan y que se dedica a investigar en el marco de las «políticas de DD.HH.» se escandalizaron pública, abierta y enfáticamente por este caso (tal vez sí lo hicieron en su fuero íntimo). La comparación con el caso de Santiago Maldonado produce indignación, pero no es más indignante que el accionar de esos mismos grupos y camarillas ante la desaparición de Luis Espinoza o Facundo Astudillo Castro, apenas iniciado el gobierno de Alberto y Cristina. Como observa la periodista Adriana Meyer:
…en la tercera marcha por Santiago Maldonado en Plaza de Mayo, Norita Cortiñas me hizo abrir los ojos cuando dijo: «En todos los gobiernos hubo desaparecidos, que cada uno se haga cargo». Si observamos los números, cada administración tuvo una cantidad de desaparecidos proporcional al tiempo que estuvo en el poder.
La división del trabajo también funciona con las desapariciones: el aparato mediático institucional del peronismo garantiza que no se transformen en escandalosas. Contrariamente a lo que con ingenuidad puede suponerse, las fuerzas de seguridad suelen estar tranquilas con intendentes, gobernadores o presidentes peronistas. El doble discurso les garantizaba lo que no pudieron hacer los macristas con Santiago Maldonado. Torpemente, el gobierno de Macri declaraba a viva voz sus intenciones e intereses (y a juzgar por las recientes intervenciones públicas de Juntos por el Cambio, no aprendieron la lección histórica). En cambio, Juan Manzur y Axel Kicillof se rasgan las vestiduras en los medios, Alberto y Cristina realizan valientes y rotundas denuncias en Twitter, y así consiguen la impunidad permanente de las fuerzas represivas, mientras vemos familias destrozadas por su actuación.
Sin embargo, esta doble vara hipócrita comienza a ser cuestionada y el escenario de la farsa política empieza a ser amenazado por el público que abandona las butacas con piedras y llamas en las manos.
Así lo prueban las masivas movilizaciones por Cecilia Strzyzowski, seguidas de la derrota del gobernador peronista «Coqui» Capitanich, aliado y pariente político de los principales sospechosos de la desaparición. La lista peronista gobernante obtuvo menos del 18% del padrón. Los libertarios, cuya función era reintroducir el enojo en las instituciones, no lo están logrando: vienen sumando porcentajes por debajo del 5%. Y todo esto en el marco de un global repudio a los políticos burgueses: uno de cada dos ciudadanos en condiciones de votar en las PASO rechazó el teatro de la representación.
En las calles y en las urnas baja, desde el norte, un repudio a los políticos burgueses. De manera incipiente, este repudio se derrama, desde las instituciones representativas, a la lucha en las calles. Hay una legítima indignación por lo ocurrido en Jujuy, como por lo ocurrido en el Chaco.
Se intenta presentar todo esto como si fueran cosas distintas, cuando en realidad son lo mismo. Se trata del hartazgo ante una organización social que no garantiza la vida. Una organización social que ahora pretende impedir que luchemos para defender la vida, nuestra vida, la vida de la clase trabajadora.
Ese hartazgo señala una necesidad: la de cambiar la estructura social completa, no a sus administradores. La necesidad del socialismo.
